Bukele en el poder: el Cecot, denuncias de autoritarismo y la cercanía con Trump, bajo la lupa
Análisis de CNN en Español
El freno a la violencia de las pandillas en las calles de El Salvador hizo que el accionar del presidente Nayib Bukele se convirtiera en una especie de “modelo” que algunos países quieren imitar. Pero mientras se regodea de sus vínculos con el mandatario estadounidense Donald Trump, recibe y encarcela a inmigrantes deportados de EE.UU. y mantiene el régimen de excepción, las voces en su contra comienzan a tomar fuerza.
Tanto Bukele como sus detractores consideran que El Salvador cambió drásticamente en los 6 años que él lleva en el poder. Aunque las miradas sobre esa transformación se contraponen.
Este domingo, Bukele brindó un discurso por cadena nacional con motivo de cumplir su primer año del segundo término como presidente. “Ahora el mundo habla de El Salvador y del milagro que por la Gracia de Dios hemos logrado. Nuestro ejemplo ya inspira a otras naciones del mundo”, dijo el mandatario. “Nos tomó tiempo, nos costó sacrificios, requirió paciencia y confianza. Ya logramos lo imposible”, aseguró.
Aunque por razones diferentes, los opositores de Bukele también creen que el país centroamericano ahora es otro. Su mandato extendido, denuncias de detenciones sin seguir el debido proceso, una ley que limita el accionar de las ONG, y el arresto de una activista de los derechos humanos son algunos de los puntos que más se le cuestionan al mandatario.
Bukele es el primer presidente de El Salvador, en la historia democrática reciente, en repetir un período consecutivo. Para hacerlo, usó un fallo de la Sala de lo Constitucional, nombrada por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, para competir y ganar un segundo mandato con solo pedir permiso para ausentarse del cargo.
Esta permanencia en el poder es una de las razones por los que sus detractores lo señalan como autoritario. Además, la implementación del régimen de excepción, vigente desde mediados de marzo de 2022, le ha permitido al mandatario detener a más de 86.000 personas, en muchos casos las familias han denunciado que sin el debido proceso, en el marco de lo que llama “guerra a las pandillas”. El Gobierno sostiene que esta medida de seguridad ha permitido reducir drásticamente los homicidos.
“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a que maten a los salvadoreños en las calles”, sostuvo Bukele este domingo en su discurso pronunciado en el Teatro Nacional, en el centro histórico de San Salvador.
El estado de excepción suspende garantías constitucionales, entre estas amplía de 72 horas a 15 días la detención provisional y permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin la previa autorización de un juez.
La medida fue pensada para poner un freno a las pandillas, pero crecen las preocupaciones internas y externas de violaciones a los derechos humanos y detenciones de personas inocentes, algo que el Gobierno ha rechazado.
“El régimen de excepción se aplica a todos por igual y eso preocupa”, dijo a CNN la abogada y activista de derechos humanos, Bessy Ríos.
“Mientras el régimen lo aplica contra alguien que se considera enemigo, lo aplauden. Pero cuando empiezan a tocar nuestros intereses o de familiares, nos vamos dando cuenta de la importancia de tener activos todos nuestros derechos frente al poder del Estado”, dijo Ríos.
Las cifras oficiales, que no pueden ser verificadas de manera independientes, indican que las masivas detenciones sí reflejan una baja de la violencia en las calles, aunque esto no ha estado desprovisto de acusaciones. En mayo, el Faro, un medio independiente de El Salvador, publicó una entrevista a dos autodenominados líderes de pandillas de Barrio 18 que aseguraron que recibieron cientos de miles de dólares a cambio de intimar a personas para que votaran por Bukele cuando se postuló para alcalde de San Salvador en 2015 y que, en 2019, cuando se convirtió en presidente, arregló con las pandillas para frenar los homicidios y evitar así quedar mal ante la población.
Bukele no ha respondido públicamente a estas acusaciones, aunque no es la primera vez que se habla de este presunto pacto.
La administración Biden ya había acusado en 2021 al Gobierno de Bukele pagar a las pandillas MS-13 y Barrio 18. Bukele ha rechazado esos señalamientos en el pasado y lo reiteró en su discurso de este domingo. Su argumento es la desarticulación de las pandillas y las condiciones en las prisiones.
Los periodistas que hicieron los nuevos reportes se encuentran fuera de El Salvador, ya que temían ser arrestados, según dijeron a CNN.
CNN se ha puesto en contacto con la presidencia para pedir comentarios y está a la espera de una respuesta.
Organizaciones de derechos humanos en El Salvador cuestionan medidas recientes de Bukele, como la represión a una protesta a inicios de mayo organizada por familias del cantón El Triunfo, en Santa Tecla —al suroeste de San Salvador—, en la que la Policía Militar llevó a cabo detenciones por desórdenes públicos. Un tribunal ordenó que los detenidos sigan en prisión.
Las familias se habían concentrado cerca de la casa del mandatario en busca de que el Ejecutivo interviniera para detener su desalojo ordenado por un tribunal. Bukele sostuvo que las familias fueron “manipuladas” para protestar por “grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”.
Tras esa concentración, la Asamblea Legislativa aprobó, a petición de Bukele, la Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % a las transacciones, desembolsos, donaciones o importaciones en especie que reciban las organizaciones no gubernamentales. Este dinero, según la Ley, será destinado para obras de interés general o social.
Bukele dijo el domingo que, a su juicio, la injerencia extranjera debería estar prohibida, pero que en El Salvador se permitiría, aunque deberán pagar el impuesto. “Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad”, cuestionó Bukele. “Cómo vamos a combatir la corrupción si toda la oposición tiene impunidad garantizada”, insistió el mandatario.
A la aprobación de esta cuestionada ley se suma la detención de Ruth Eleonora López, una activista de derechos humanos, crítica del gobierno. López fue arrestada por el delito de peculado por su presunta participación en la sustracción de fondos públicos. Desde Cristosal, la ONG a la que pertenece, aseguraron que López es inocente. CNN contactó a su abogado para conocer si situación legal pero aún no obtuvo respuesta.
López ha denunciado en reiteradas oportunidades supuestos abusos del Estado en el marco del régimen de excepción y ha acusado al Gobierno de Bukele de falta de transparencia por el aumento del endeudamiento público sin detalle de su inversión o el uso de fondos públicos para la compra de bitcoin.
El emblema del llamado “modelo Bukele” es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad cuyas imágenes de grandes jaulas con cientos de hombres rapados vestidos de blanco ha recorrido el mundo en los recientes meses, luego de que el presidente Donald Trump enviara allí a inmigrantes deportados de EE.UU..
En ese contexto, Trump ha reconocido el liderazgo de Bukele y lo considera un modelo para otros que buscan trabajar con Estados Unidos. Incluso invitó al cuestionado salvadoreño a la Casa Blanca, algo que no ha ocurrido con ningún otro líder de la región en este segundo mandato del republicano.
La actual alianza Trump-Bukele se basa en un pago de US$ 6 millones, para recibir en el Cecot a los a más de 200 inmigrantes venezolanos deportados de Estados Unidos que la administración de Trump vincula —sin pruebas ni proceso judicial— al Tren de Aragua.
El Gobierno de Trump incluso ha aceptado que uno de los deportados, el salvadoreño Kilmar Ábrego García, fue enviado por un “error” administrativo al Cecot, aunque un juez había determinado que no podía ser enviado a su país debido a que su familia era amenazada por pandillas.
Durante el encuentro que Trump mantuvo con Bukele en la Casa Blanca, ambos mandatarios hablaron de aumentar el envío de más deportados, incluso de la posibilidad de construir una segunda prisión.
La decisión de Bukele ha provocado críticas de organismos internacionales de DD.HH. que ven en el acuerdo una clara violación a los derechos de los venezolanos detenidos desde mediados de marzo en la prisión de El Salvador.
De momento, no pareciera haber grandes repercusiones para Bukele ante todos los cuestionamientos. “Las críticas internacionales no han tenido tanto impacto en su imagen”, consideró Juan Ramón Maldonado, catedrático universitario y analista, en diálogo con CNN.
Y mientras los temores de los opostiores crecen, Bukele sostiene con orgullo su autoimpuesta etiqueta de “dictador cool”.
The-CNN-Wire
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Michael Ríos y Max Saltman colaboraron con este reporte
