La presión de la Casa Blanca para aumentar los arrestos migratorios sobrecarga a las agencias del orden público
Por Priscilla Alvarez, Evan Perez, Sean Lyngaas y Holmes Lybrand, CNN
La administración de Trump aumentará el personal y los recursos federales para cumplir con el deseo de la Casa Blanca de triplicar el número de arrestos diarios por inmigración, lo que indica un renovado impulso para ir mucho más allá de los esfuerzos de administraciones anteriores.
La Casa Blanca ejerce una intensa presión sobre las agencias del orden público de todo el gobierno para que alcancen la meta de un millón de deportaciones al año.
Esto ha generado un aumento de agentes y funcionarios en todo el gobierno federal que centran su atención en los arrestos y las deportaciones, lo que en algunos casos ha sobrecargado los recursos.
En el FBI, cientos de agentes han sido reasignados a funciones relacionadas con la inmigración, lo que genera preocupación entre los agentes de que este cambio pueda obstaculizar importantes investigaciones de seguridad nacional, incluyendo las sobre amenazas terroristas y espionaje por parte de China y Rusia, según personas familiarizadas con el asunto.
Los altos funcionarios del FBI han proporcionado poca orientación a las oficinas locales sobre cómo se espera que los agentes aumenten el número de arrestos migratorios al mismo tiempo que trabajan en sus casos de máxima prioridad, según las fuentes. De acuerdo con una persona familiarizada con el asunto, los supervisores han indicado a los agentes del FBI que no documenten la transferencia de recursos de casos prioritarios a trabajos relacionados con inmigración.
Los agentes del FBI suelen registrar horas dedicadas a amenazas o asignaciones específicas, pero los funcionarios parecen intentar que se evite dejar un registro documentado que demuestre que el FBI desvió recursos de las amenazas a la seguridad nacional para lidiar con la inmigración, según la fuente. Como resultado, algunas oficinas locales se niegan a asumir nuevas investigaciones sobre ciertas amenazas.
También se implementarán iniciativas de incentivos.
Altos funcionarios del FBI en Nueva York enviaron esta semana un correo electrónico a su equipo de más de 1000 agentes prometiendo el pago de horas extras si colaboraban en las “operaciones de cumplimiento y deportación”, según un correo electrónico obtenido por CNN.
Los agentes del FBI que trabajen en el “aumento” de cumplimiento y deportación hasta el final del año fiscal, que es el 30 de septiembre, podrían obtener una transferencia “a la división de su elección”, según el correo electrónico.
Algunas oficinas del FBI en estados fronterizos ya han desviado recursos de la lucha contra la ciberdelincuencia hacia asuntos migratorios, afirmó un exagente del FBI que habló bajo condición de anonimato para preservar su relación con antiguos colegas.
“Si bien el FBI no comenta sobre decisiones específicas de personal, nuestros agentes y personal de apoyo son profesionales dedicados que trabajan incansablemente para defender la patria y erradicar la delincuencia violenta, una misión que sin duda se superpone con las consecuencias de las políticas de fronteras abiertas de cuatro años de la administración anterior”, dijo el portavoz del FBI, Ben Williamson, a CNN. “Nos enorgullece trabajar con nuestros socios interinstitucionales para mantener la seguridad del pueblo estadounidense”.
Inicialmente, los funcionarios de Trump afirmaron que los arrestos de inmigrantes se enfocarían en aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública o nacional. Y aunque personas que entran en esa categoría siguen detenidas, la brecha se ha ampliado a medida que se han detenido y deportado personas sin antecedentes penales.
El enfoque de “manos a la obra” en materia de inmigración plantea importantes interrogantes dentro del FBI y otras agencias policiales sobre cómo utilizan los recursos limitados para ejecutar su misión.
“¿Deberíamos tener agentes del FBI altamente capacitados para apoyar las prioridades del DHS?”, preguntó el exagente del FBI. “¿Se trata solo de un incremento temporal?”.
Esta no es la primera vez que el FBI y otras agencias del orden público han reasignado recursos drásticamente para abordar las prioridades de una administración.
Después del 11-S, por ejemplo, el FBI invirtió fuertemente en antiterrorismo. Los gobiernos anteriores han tenido que gestionar recursos y personal limitados para arrestar a personas dentro de Estados Unidos y deportarlas.
Otras agencias del orden público también han sentido la presión de la ofensiva migratoria. El Servicio de Alguaciles de EE.UU., una agencia ya sobrecargada por la mayor protección a funcionarios federales y jueces en los últimos años, ha desviado personal para ayudar con las deportaciones de ICE, lo que ha sobrecargado aún más a la agencia, según indicó un funcionario del orden público a CNN.
Los arrestos por inmigración han rondado los 1000 al día, pero los funcionarios de Trump presionan para que se triplique esa cifra, ya que también buscan acelerar el ritmo de las deportaciones.
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo a los periodistas la semana pasada que estaba “contento” con el número de arrestos, que, argumentó, superó al de la administración del expresidente Joe Biden, pero “no satisfecho”.
“Necesitamos arrestar al triple de personas que estamos arrestando actualmente y más dinero para hacerlo”, afirmó. Homan reiteró ese mensaje el jueves: “Hemos aumentado considerablemente los equipos. Hemos aumentado considerablemente la focalización, por lo que prevemos un gran aumento en el número de arrestos cada día”.
La semana pasada, el subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, transmitió ese mensaje a altos funcionarios del ICE en una tensa reunión, reportada primero por Axios, donde instó a los agentes a aumentar significativamente los arrestos, según una fuente familiarizada con la reunión.
“Nos comprometemos a expulsar de Estados Unidos de forma agresiva y eficiente a los inmigrantes indocumentados y a garantizar que nuestros agentes del orden cuenten con los recursos necesarios para hacerlo”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en una declaración a CNN.
El gobierno ha reforzado su fuerza de 6.000 agentes del ICE —todos bajo una enorme presión para cumplir con las cuotas que Miller anteriormente denominó “el mínimo, no el máximo”— complementándola con agencias externas, ofreciendo horas extras e incentivos de reasignación a los agentes federales. En medio de la presión, se ha producido una nueva reestructuración en la cúpula directiva del ICE.
Ken Genalo, el funcionario a cargo de la rama encargada de realizar arrestos y deportaciones, se jubila, mientras que Robert Hammer, quien dirige las Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, será reasignado, anunció la agencia el jueves. En su anuncio, el ICE afirmó que “los reajustes organizativos ayudarán al ICE a cumplir con el mandato del presidente Trump y del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados delincuentes y garantizar la seguridad de las comunidades estadounidenses”.
Sin embargo, sin fondos adicionales, el Gobierno aún tiene limitaciones para aumentar las detenciones y adquirir más aviones para las deportaciones. El enorme proyecto de ley de reconciliación de Trump, que aún se encuentra en trámite en el Congreso, incluye miles de millones de dólares para la aplicación de la ley migratoria.
Mientras tanto, la administración depende de los recursos disponibles: se ha solicitado a unos 500 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza que se distribuyan por todo el país para arrestar a inmigrantes indocumentados, una responsabilidad que normalmente asume ICE.
Se espera que el esfuerzo migratorio también incluya a 600 agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), 300 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y 300 del Servicio de Alguaciles de EE. UU., según dos fuentes familiarizadas con la planificación.
CNN solicitó comentarios a estas agencias y previamente informó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también solicitó 20.000 miembros de la Guardia Nacional para colaborar con la aplicación de las leyes migratorias.
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