Cronología de la disputa entre el Gobierno de Trump y Harvard
Por Andy Rose, CNN
Desde que regresó al cargo en enero, el presidente Donald Trump ha intensificado los señalamientos hacia las universidades de élite de Estados Unidos por motivos ideológicos. Sin embargo, las bases para la postura más firme de la Casa Blanca se sentaron más de un año antes.
Dos meses después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 —que desató la guerra en Gaza y protestas en universidades por el asedio y los bombardeos de represalia del aliado estadounidense—, se le preguntó a la entonces presidenta de la Universidad de Harvard en una audiencia del Congreso si “incitar al genocidio de los judíos” violaría las normas de Harvard contra el acoso y la intimidación.
“Podría ser, dependiendo del contexto”, respondió Claudine Gay, una declaración que dejó boquiabiertos a muchos estudiantes y donadores, y dividió profundamente al campus y a sus exalumnos.
Gay luego se disculpó. Pero la reacción, sumada a un escándalo de plagio, finalmente la llevó a renunciar, con organizaciones judías coincidiendo en que la universidad más antigua, rica y prestigiosa de Estados Unidos no estaba tomando el antisemitismo con la seriedad suficiente.
La reacción también ofreció una nueva línea de crítica para grupos y políticos conservadores que durante décadas se han quejado de la enseñanza liberal en las instituciones de élite.
Harvard pronto lanzó un grupo de trabajo sobre antisemitismo que pidió acciones más contundentes contra el “acoso, abuso e intimidación” y una disciplina más consistente para los infractores. Desde entonces, la universidad afirma haber endurecido su prohibición de campamentos y otras protestas que interrumpen actividades estudiantiles, tipificado el “doxing” como violación de sus normas contra el acoso y la intimidación, y ampliado los esfuerzos de “inclusión y pertenencia” para incluir a los estudiantes judíos.
Aun así, las acusaciones de antisemitismo en los campus por parte del Gobierno de Trump siguen persiguiendo a Harvard, con la Casa Blanca exigiendo amplias medidas a sus líderes y amenazando con retirar miles de millones de dólares en fondos federales.
La Liga Antidifamación y el capítulo Hillel de Harvard han expresado su agradecimiento por el enfoque de la administración en el antisemitismo, pero también han criticado los recortes de fondos como una extralimitación que podría perjudicar a los estudiantes judíos.
Aunque esta presión ha provocado cambios en otras universidades estadounidenses, Harvard se ha negado a ceder y ahora es la primera institución en demandar a la administración republicana por ello, alegando que se violaron procedimientos federales y la Primera Enmienda.
Cronología de los eventos clave en la disputa con Harvard:
29 de enero: a pocos días de iniciar su segundo mandato, Trump firma un decreto que exige una aplicación más estricta de los esfuerzos gubernamentales contra el antisemitismo. Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, “los estudiantes judíos han enfrentado una avalancha incesante de discriminación; negación de acceso a áreas y servicios comunes del campus, incluidas bibliotecas y aulas; e intimidación, acoso, amenazas físicas y agresiones”, dice el decreto.
No se mencionan universidades específicas, pero se instruye a altos funcionarios a recomendar cómo las instituciones de educación superior deben “monitorear e informar actividades de estudiantes y personal extranjeros” y cómo el Gobierno, “si corresponde, (tomar) medidas para expulsar a dichos extranjeros” bajo la autoridad legal federal que cubre a cualquier persona que “apoye o promueva actividades terroristas”.
El Gobierno citará repetidamente el decreto para presionar a Harvard a cambiar sus políticas y, por separado, usará acusaciones de participación en protestas propalestinas u otras afirmaciones sin pruebas para intentar deportar o revocar visas de académicos extranjeros.
3 de febrero: el Departamento de Justicia anuncia la creación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional para Combatir el Antisemitismo, liderado por Leo Terrell, abogado y exlocutor de radio, quien, al ser nombrado por Trump como asistente de la secretaria de Justicia para derechos civiles, retuiteó una publicación en X que lo llamaba “LA PEOR PESADILLA DE HARVARD”.
27 de febrero: la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia envía una carta al presidente de Harvard, Alan Garber, exigiendo una reunión en 30 días con “administradores relevantes, profesores, personal y cualquier grupo judío del campus” en relación con el decreto de Trump sobre antisemitismo.
“Le escribimos para notificarle que tenemos conocimiento de denuncias de que su institución podría no haber protegido a estudiantes y profesores judíos de discriminación ilegal, en posible violación de las leyes que aplicamos”, dice la carta firmada por Terrell.
28 de febrero: el Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo anuncia que visitará 10 campus universitarios para “reunirse con líderes universitarios, estudiantes y personal afectados, autoridades locales y miembros de la comunidad”. Harvard está entre ellos.
8 de marzo: “Vamos a llevar a la quiebra a estas universidades. Les vamos a quitar cada dólar federal”, dijo Terrell a Fox News sobre las instituciones que, de acuerdo con él, permiten el antisemitismo, y agregó: “Si estas universidades no cooperan, prepárense con abogados, porque el Gobierno federal va tras ustedes”.
10 de marzo: Harvard figura en una lista de 60 escuelas que reciben cartas de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, notificándoles que están bajo investigación por posibles violaciones a la Ley de Derechos Civiles “relacionadas con acoso y discriminación antisemita”.
“Las universidades y colegios de EE.UU. se benefician de enormes inversiones públicas financiadas por los contribuyentes estadounidenses”, dice la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado. “Ese apoyo es un privilegio y depende de la estricta adhesión a las leyes federales contra la discriminación”.
31 de marzo: La Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) notifica a Harvard que está realizando una revisión oficial “de todos los contratos y subvenciones federales”, con “más de US$ 8.700 millones en compromisos de subvenciones plurianuales” bajo revisión, según un memorando y un correo electrónico del comisionado de la agencia, Josh Gruenbaum. “El Gobierno federal se reserva el derecho de rescindir por conveniencia cualquier contrato que tenga con su institución en cualquier momento durante el período de vigencia”, dice el memorando.
1 de abril: Trump se pronuncia favorablemente sobre la idea de cortar todo el financiamiento federal a Harvard, según informó The New York Times. “¿No sería genial?”, dijo el presidente en un diálogo privado en la Casa Blanca, según una persona familiarizada con la conversación.
3 de abril: Gruenbaum, de la GSA, le dice a Garber, de Harvard, por correo electrónico: “Le envío una notificación oficial de las condiciones previas que su institución debe cumplir para estar en regla y seguir recibiendo fondos federales de los contribuyentes”.
Adjunta al correo hay una carta de dos páginas firmada también por abogados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Educación, con “los próximos pasos inmediatos que consideramos necesarios para que la Universidad de Harvard mantenga su relación financiera con el Gobierno de Estados Unidos”.
Además de exigir más medidas para prevenir el antisemitismo y sancionar a quienes discriminen a personas judías, la carta exige que Harvard “cese todas las preferencias basadas en raza, color u origen nacional” en admisiones y contrataciones, que tome medidas para “cerrar” los programas de DEI (diversidad, equidad e inclusión) y que mejore la “diversidad de puntos de vista”.
11 de abril: el Gobierno de Trump envía una nueva carta ampliando la correspondencia del 3 de abril. Con un lenguaje más contundente, los mismos abogados escriben: “En los últimos años, Harvard no ha cumplido con las condiciones intelectuales y de derechos civiles que justifican la inversión federal”.
A esto le sigue una propuesta de “acuerdo de principio” de cuatro páginas con una serie de exigencias. Entre ellas, que Harvard reforme su programa de estudiantes internacionales “para evitar admitir a estudiantes hostiles a los valores e instituciones estadounidenses consagrados en la Constitución y la Declaración de Independencia de EE.UU., incluidos estudiantes que apoyen el terrorismo o el antisemitismo”, y que informe al Gobierno federal sobre cualquier estudiante extranjero que incurra en violaciones de conducta.
El acuerdo propuesto también exigiría a Harvard financiar una revisión externa hasta 2028 de la “diversidad de puntos de vista” de la universidad y contratar un número considerable de nuevos profesores si no se determina que es lo suficientemente diversa. Además, el requisito del correo electrónico anterior sobre “esfuerzos” para cerrar los programas de DEI se hace obligatorio para agosto.
14 de abril: Harvard publica la carta del 11 de abril, así como una respuesta de Garber, quien rechaza categóricamente la propuesta, argumentando que las exigencias del Gobierno violarían la Primera Enmienda. “La universidad no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales”, escribe.
“Ningún Gobierno —sin importar el partido en el poder— debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden perseguir”.
Mientras la administración confirma la legitimidad de su carta del 11 de abril, un alto funcionario dijo después al New York Times que la intención era continuar las negociaciones. “Fue una mala práctica por parte de los abogados de Harvard no levantar el teléfono y llamar a los miembros del grupo de trabajo sobre antisemitismo con quienes habían estado hablando durante semanas”, dijo May Mailman, estratega principal de políticas de la Casa Blanca, al Times.
Ese mismo día, el Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo anuncia “la congelación de US$ 2.200 millones en subvenciones plurianuales y US$ 60 millones en contratos plurianuales” a Harvard en respuesta a las acciones de la universidad. “A las pocas horas de la orden de congelamiento, Harvard comenzó a recibir órdenes de suspensión de trabajo”, afirma la universidad en su demanda.
15 de abril: Trump publica en Truth Social: “Quizás Harvard debería perder su estatus de exención fiscal y ser gravada como una entidad política si sigue promoviendo ‘enfermedades’ políticas, ideológicas y de inspiración/apoyo terrorista”.
Poco después, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comienza a planear la revocación del estatus de exención fiscal de Harvard. La idea “ciertamente valía la pena considerarla”, dijo McMahon, la secretaria de Educación, a CNN.
16 de abril: el Departamento de Seguridad Nacional amenaza con revocar la certificación de Harvard para participar en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, poniendo en riesgo la inscripción de miles de estudiantes internacionales. “Tener estudiantes extranjeros en Harvard es un privilegio, no una garantía”, dice la carta.
17 de abril: el Departamento de Educación envía una solicitud de registros a Harvard exigiendo información sobre todas las donaciones extranjeras, además de información relacionada con “estudiantes extranjeros expulsados”, reactivando efectivamente una investigación de cuatro años que se cerró al final de la administración Biden, con Harvard aceptando actualizar sus declaraciones financieras.
“Aspectos críticos de las recientes declaraciones de financiamiento extranjero de Harvard son motivo de preocupación para el Departamento”, dice la carta.
21 de abril: Harvard demanda a la administración Trump, calificando las amenazas a su financiamiento federal como una violación de la Primera Enmienda, además de “arbitrarias y caprichosas”.
“HHS no ha notificado a Harvard, ni ha proporcionado justificación alguna, sobre la imposición de condiciones adicionales a subvenciones específicas”, asegura la demanda, agregando que la Casa Blanca no ha seguido la ley sobre cómo se pueden cancelar las subvenciones.
22 de abril: aun así, la administración Trump considera estar en negociaciones continuas con Harvard y otras universidades, y las exigencias contenidas en las cartas enviadas a Harvard forman parte de ese intercambio, reitera la secretaria de Educación.
“Esperábamos que Harvard volviera a la mesa para discutir estos temas. Nos gustaría tener diversidad de puntos de vista”, dijo McMahon en ‘Squawk Box’ de CNBC. La carta del 11 de abril añadió: “Tenía la intención de que ambas partes se sentaran de nuevo y continuaran sus negociaciones”.
23 de abril: Harvard pide a un juez federal acelerar su impugnación legal al congelamiento de fondos, argumentando que amenaza investigaciones y actividades académicas críticas y “enfría el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda de Harvard”, de acuerdo con su presentación.
25 de abril: la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) abre una investigación de derechos civiles contra Harvard, reporta el Wall Street Journal. Un memorando de la comisionada Andrea Lucas cita los esfuerzos de Harvard por diversificar su profesorado y becas designadas para “minorías subrepresentadas, como ejemplos de posibles violaciones de derechos civiles contra solicitantes blancos, asiáticos, hombres y heterosexuales.
Harvard declina comentar sobre el informe y remite a CNN a la declaración previa de Garber: “No tenemos cuotas, ya sea por raza, etnia o cualquier otra característica. No aplicamos pruebas ideológicas. No usamos declaraciones de diversidad, equidad e inclusión en nuestras decisiones de contratación”.
28 de abril: ambas partes se presentan por primera vez ante el tribunal en la demanda de Harvard, mientras la jueza federal Allison Burroughs, designada por Barack Obama, fija los argumentos orales para el 21 de julio. Como Harvard no ha solicitado una orden de emergencia para revertir el congelamiento de fondos, es probable que la medida siga vigente hasta que la jueza emita un fallo final, a menos que la administración Trump cambie de opinión antes.
Harvard anuncia que cambiará el nombre de su Oficina de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia a Comunidad y Vida en el Campus. “Debemos enfocar nuestros esfuerzos en fomentar conexiones entre las diferencias, crear espacios para el diálogo y cultivar una cultura de pertenencia, no como un ideal abstracto, sino como una experiencia vivida para todos”, dice su directora, Sherri Ann Charleston, en un correo a la comunidad universitaria.
Charleston también informa a varios grupos de afinidad que la universidad dejará de apoyar sus ceremonias de graduación tras una advertencia del Departamento de Educación sobre eventos para razas específicas, según reporta el periódico estudiantil Harvard Crimson.
El Gobierno de Trump anuncia que abrirá investigaciones sobre la Harvard Law Review, afirmando que han recibido quejas sobre discriminación racial. “El proceso de selección de artículos parece elegir ganadores y perdedores en función de la raza, empleando un sistema de recompensas en el que la raza del académico legal es tan importante, o más, que el mérito de la propuesta”, dice un alto funcionario del Departamento de Educación.
29 de abril: dos grupos de trabajo de Harvard publican sendos informes internos largamente esperados: uno sobre cómo se maneja el antisemitismo y el sesgo antiisraelí en el campus y otro sobre el sesgo contra musulmanes, árabes y palestinos. “Lamento los momentos en que no cumplimos con las altas expectativas que con razón establecimos para nuestra comunidad”, escribe Garber sobre el “decepcionante y doloroso” ciclo escolar 2023-24. Los informes incluyen amplias recomendaciones y cambios de política para admisiones y programas.
30 de abril: un funcionario de la Casa Blanca califica las recomendaciones del grupo de trabajo como “positivas”. Pero “lo que estamos viendo no es suficiente, y probablemente habrá más recortes de fondos”, dice el funcionario a CNN.
Mientras tanto, Harvard entrega la “información requerida por ley” sobre estudiantes internacionales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con una carta abierta de la vicepresidenta ejecutiva Meredith Weenick, más de una semana después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, exigiera información detallada, incluyendo “toda actividad ilegal conocida de los titulares de visas estudiantiles” y sus “actividades peligrosas o violentas”.
Harvard no especifica si entregó toda la información exigida por Noem, quien amenazó con retirar a Harvard del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) si no respondía. “Nuestra participación en SEVP no ha cambiado hasta ahora, y cualquier retiro de la certificación de Harvard por parte del DHS sería involuntario”, escribe Weenick.
2 de mayo: Trump anuncia en una publicación en línea que revocará la exención de impuestos de Harvard, reiterando su amenaza del 15 de abril. “Vamos a retirarle a Harvard la exención de impuestos. ¡Es lo que se merecen!”, anuncia el presidente en Truth Social.
“No existe base legal para rescindir el estatus de exención fiscal de Harvard”, respondió un portavoz de la universidad a CNN. “Una acción tan sin precedentes pondría en peligro nuestra capacidad de cumplir con nuestra misión educativa. Resultaría en menos ayuda financiera para los estudiantes, el abandono de programas críticos de investigación médica y la pérdida de oportunidades de innovación”.
5 de mayo: la administración Trump anuncia que suspende todas las nuevas subvenciones federales de investigación a Harvard. McMahon envía una carta a Garber el lunes por la noche informando que la universidad no es elegible para subvenciones del Gobierno federal debido a sus “constantes violaciones de sus propias obligaciones legales”.
La carta cita problemas persistentes entre la universidad y la administración, como la acción afirmativa y las protestas en el campus, además de criticar la eliminación temporal de exámenes estandarizados, como el SAT o ACT, que se restablecieron en abril de 2024, y la gestión general de la universidad.
La carta de McMahon también menciona que el CEO de un fondo de cobertura, Bill Ackman, pidió la renuncia de Penny Pritzker, líder de la Harvard Corporation que controla las operaciones de la universidad. Ackman acusa a Pritzker de mala gestión y afirma que “cualquier corporación seria la habría removido tras una serie de fallos recientes”.
6 de mayo: Harvard respalda a Pritzker. “Aplaudimos su dedicación y liderazgo en un momento en que Harvard está comprometida tanto a fortalecer nuestra cultura universitaria como a proteger la libertad académica, la investigación y la innovación que benefician a millones de estadounidenses”, dijeron Garber y la Harvard Corporation al Wall Street Journal en un comunicado.
12 de mayo: en respuesta a McMahon, Garber escribe que, aunque Harvard y el Gobierno de Trump comparten “puntos en común” en temas como erradicar el antisemitismo y otros prejuicios en el campus y fomentar una “multiplicidad de puntos de vista” en la universidad, la “extralimitación” del Gobierno federal ha obstaculizado esos objetivos.
“Los esfuerzos de Harvard para lograr estos objetivos se ven socavados y amenazados por la extralimitación del Gobierno federal en las libertades constitucionales de las universidades privadas y su continuo desprecio por el cumplimiento de la ley por parte de Harvard”, dice su carta.
13 de mayo: el Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo anuncia una congelación adicional de unos US$ 450 millones en fondos federales prometidos a Harvard.
“Existe un problema complejo en el campus de Harvard, y al priorizar la conciliación sobre la rendición de cuentas, los líderes institucionales han perdido el derecho de la universidad a obtener el apoyo de los contribuyentes”, afirma la declaración firmada por abogados del Departamento de Educación y del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El grupo de trabajo señala que la nueva cancelación de fondos involucra a ocho agencias federales, pero no da detalles.
14 de mayo: Harvard anuncia que Garber reducirá voluntariamente su salario en un 25 % durante un año a partir de julio. Aunque su salario no es público, los presidentes de Harvard han ganado más de US$ 1 millón, según The Crimson.
15 de mayo: el Departamento de Energía notifica a Harvard la terminación de unos US$ 89 millones en fondos de subvención de su Oficina de Ciencia y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada–Energía “debido a la política de discriminación racial de la universidad”. En una carta a Garber, el departamento también cita “la inacción continua de Harvard ante el acoso y la agresión repetidos y graves contra estudiantes judíos”.
19 de mayo: el Departamento de Justicia anuncia planes para usar la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act) para tomar medidas contra iniciativas de diversidad en universidades estadounidenses. Un memorando del vicefiscal general Todd Blanche cita permitir el antisemitismo en el campus y dejar que mujeres transgénero compitan en deportes como posibles violaciones que podrían resultar en la pérdida de fondos federales.
Blanche también “alienta firmemente” a ciudadanos privados a presentar demandas contra instituciones que consideren que violan las leyes de derechos civiles para recuperar fondos federales.
22 de mayo: el Departamento de Seguridad Nacional revoca la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, lo que imposibilita que la universidad inscriba a estudiantes internacionales, quienes representan más de una cuarta parte de su matrícula. Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, acusa a la universidad de no entregar la información de conducta estudiantil que su agencia exigió y de “permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas hostiguen y agredan físicamente a personas”.
“La acción del Gobierno es ilegal”, responde Harvard en un comunicado. “Estamos plenamente comprometidos a mantener la capacidad de Harvard para recibir a estudiantes y académicos internacionales, que provienen de más de 140 países y enriquecen a la Universidad —y a esta nación— de manera incalculable”.
23 de mayo: Harvard demanda para frenar que la administración Trump lleve a cabo la revocación de su certificación para inscribir estudiantes extranjeros, y en menos de cuatro horas, la jueza Burroughs —ahora también asignada a esta demanda— emite una orden de restricción temporal contra el Gobierno en el caso.
“Con un simple trazo de pluma, el Gobierno ha intentado borrar a una cuarta parte del alumnado de Harvard”, dice la demanda, argumentando que las acciones de la administración Trump han sido en “clara represalia” por acciones protegidas por la Primera Enmienda.
“La administración Trump está comprometida a restaurar el sentido común en nuestro sistema de visas estudiantiles; ninguna demanda, ni esta ni ninguna otra, va a cambiar eso”, dice en un comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos. “Tenemos la ley, los hechos y el sentido común de nuestro lado”.
26 de mayo: Trump amenaza en una publicación en línea con transferir US$ 3.000 millones en fondos federales de Harvard a escuelas técnicas estadounidenses debido a su manejo de las protestas en contra de Israel. El presidente también acusa a Harvard de “elegir jueces a conveniencia” con Burroughs, aunque se esperaría que la universidad presente tales demandas en el tribunal federal de Boston.
27 de mayo: el Gobierno federal está listo para ordenar a sus agencias que cancelen unos US$ 100 millones en contratos con Harvard, informan a CNN dos altos funcionarios de la administración Trump. La directiva, que se espera sea emitida en una carta de la Administración de Servicios Generales, ordenará a las agencias buscar nuevos proveedores para esos fondos federales.
28 de mayo: Trump sugiere que los estudiantes internacionales no deberían superar el 15 % de la matrícula de Harvard. “Tenemos gente que quiere ir a Harvard y otras escuelas, pero no pueden entrar porque hay estudiantes extranjeros allí”, dice a periodistas en la Oficina Oval. El presidente también insinúa, sin pruebas, que algunos estudiantes extranjeros incluidos en los registros de Harvard serían “personas muy radicales”.
29 de mayo: la administración Trump dice en una presentación judicial de último minuto que dará a Harvard 30 días para presentar su caso sobre por qué debería permanecer en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, diciendo a Burroughs que no hay razón para una nueva orden judicial mientras se realiza esa revisión. Pero el abogado de Harvard no está de acuerdo, y Burroughs tampoco, ordenando que el programa de estudiantes internacionales de Harvard permanezca status quo mientras se resuelve el caso en la corte.
En paralelo a la audiencia, casi 9.000 estudiantes reciben sus títulos en una ceremonia que aborda con frecuencia el tenso momento político que vive Harvard. Garber, el presidente de la universidad, elogiado por su disposición a enfrentar a la Casa Blanca en los tribunales, recibe una ovación de pie de un minuto.
“Parte de lo que hace grande a Estados Unidos, si se me permite usar esa frase, es que permite que un inmigrante como yo florezca”, dice el orador principal, el Dr. Abraham Verghese.
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