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Candidatos por primera vez: así buscan jueces el voto ciudadano en las elecciones juidiciales de México

Por Lizbeth Padilla, CNN en Español

El próximo 1 de junio, México vivirá una elección histórica: por primera vez los cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán definidos en las urnas. Lo que antes se decidía a través de exámenes y concursos de oposición, ahora será el resultado del voto ciudadano.

Miles de aspirantes —muchos de ellos con una larga trayectoria en el ámbito judicial, pero sin experiencia política ni electoral— se enfrentan por primera vez al reto de hacer campaña, pedir el voto y explicar su labor a otros ciudadanos. Esto ha obligado a las y los aspirantes a adoptar nuevas herramientas de comunicación para conseguir los votos ciudadanos.

La comunicación con la ciudadanía ha sido uno de los mayores retos para los candidatos. “No somos personas que estemos preparadas para salir a medios de comunicación. Tampoco es que estemos preparadas para ser creadoras de contenido”, advierte Jazmín Bonilla, quien contiende por un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país.

A pesar de que no recibió capacitación para esta campaña, su experiencia como formadora en la Escuela Federal de Formación Judicial y sus cursos de oratoria en la escuela han sido claves. “Una sentencia no es solo un acto técnico, también es un mensaje que debe ser comprensible para quien lo recibe”, sostiene.

Para Arcelia Santillán, candidata a ser magistrada regional electoral, participar en este proceso ha significado mucho más que competir por un cargo: ha sido enfrentarse a una transformación personal y profesional. Con más de 15 años de experiencia en el Tribunal Electoral, reconoce que hacer campaña sin el respaldo de un partido político implica aprender desde cero.

“Este proceso me ha llevado a un régimen muy distinto que nunca imaginé. Es aprender de las campañas de partidos políticos, cómo hablarle a la gente, cómo hacerles saber qué es lo que hago”, afirma Santillán. Señala que al principio le costaba incluso grabar videos: “Me ganaba la risa, me daba el nervio, me quedaba callada”. Poco a poco, con apoyo de familiares y amistades que conforman su equipo, ha aprendido a “escoger algunas imágenes, escribir frases concretas que puedan llamar la atención” y adaptarse a la lógica de redes sociales como TikTok, Instagram o X.

“La mayoría eran jueces, personas que nunca han sido públicas, de las que casi nunca se conoce y pues la gente no tiene acceso a ellos ni los ve en la televisión”, señala Merle Guadarrama, asesora de imagen de algunos de los candidatos que contienden en la elección.

Guadarrama señala que los candidatos “se han enfrentado a un proceso complicado, pues no los conocen, no saben el trabajo que van a realizar”.

Al buscar el reconocimiento y el voto ciudadano, la imagen comunica tanto como las credenciales. “La percepción pública se forma en apenas siete segundos”, señala Guadarrama.

Guadarrama ha acompañado este proceso desde otra trinchera: la de ayudar a las y los aspirantes a convertirse en figuras públicas sin traicionar su esencia. “No son políticos, les causó mucho conflicto hacer campaña, estar frente a cámaras en redes sociales y cambiar su vestimenta”.

Asegura que enfrentó resistencias de algunos de sus asesorados: “Algunas juezas decían: ‘¿Por qué mi ropa tiene que importar si lo que tengo es conocimiento?’”.

Por eso, trabajó con las candidaturas cualidades como accesibilidad, credibilidad y empatía. “No se trataba de parecer inalcanzables, sino todo lo contrario: mostrar que están del lado de la gente y que van a proteger sus derechos”.

Buscó crear una identidad a través de algún accesorio como un pin o una mascada, que hiciera que la gente los reconociera: “Que cuando tú lo veas digas ‘Ah, esta persona es este juez y por él voy a votar’”.

Tanto Bonilla como Santillán han buscado una estrategia multicanal. Bonilla ha apostado por cuatro vías: trabajo en territorio, redes sociales, medios de comunicación y foros organizados por universidades y asociaciones civiles.

“Para que las personas sepan quién soy y difusión de mi perfil en las redes sociales, he descubierto que cada red social tiene su impacto y tiene su foro. Por ejemplo, en X tengo un gran impacto, sobre todo entre las personas interesadas con la política y la abogacía, con la comunidad universitaria, también en Instagram, Facebook y TikTok”.

Para Santillán, uno de sus mayores aprendizajes ha sido comunicar sus propuestas de manera sencilla. “He aprendido a escoger algunas imágenes, he aprendido a escribir frases concretas que puedan llamar la atención”, explica. También destaca el valor de plataformas como TikTok, Instagram o X (antes Twitter) para transmitir su mensaje. “Antes lo haces, pero no con esa situación de emitir un mensaje hacia la ciudadanía”.

Los candidatos tuvieron 60 días, igual que los aspirantes de partidos, para hacer campaña, pero con más limitantes para darse a conocer: solo pueden usar volantes, redes sociales o participar en eventos y foros. No pueden pintar bardas, ni comprar tiempos de radio y televisión.

Y todos esos gastos, además de sus giras por el país, deben ser financiadas con sus propios recursos.

Los candidatos que contienden por un cargo del ámbito nacional, como ministro de la Corte, del Tribunal Electoral o del Tribunal de Disciplina Judicial pueden gastar hasta 1,4 millones de pesos (US$ 73.000). Para los cargos estatales los topes de gasto están entre los 220.000 a 881.000 pesos (US$ 11.000 y US$ 44.000).

“Nosotros como candidaturas estamos utilizando recursos propios… ha sido también esta idea de decidir cuánto le vas a invertir a la campaña, cuánto es tu alcance”, explica Santillán.

Bonilla ha tenido que financiar todos sus gastos de campaña —materiales, traslados, difusión— con su propio sueldo, sin dejar de cubrir necesidades personales como la renta o el apoyo económico a su madre.

El llamado “trabajo de territorio”, que consiste en repartir volantes y acudir a encuentros presenciales, también ha sido complicado. A diferencia de campañas tradicionales, no se permiten voluntarios.

Bonilla cuenta que ni su madre ni su hermana pueden ayudarla a volantear, y no puede aceptar hospedaje de amistades fuera de la ciudad sin que se considere una donación. “He tenido que salir sola, con mis propios recursos, a volantear en espacios públicos”, relata.

Otra dificultad, cuenta Santillán, ha sido balancear su actual trabajo —como encargada del área de turno y trámite del Tribunal Electoral— con las actividades de campaña.

“Tengo que definir la campaña en mis momentos en los que estoy relativamente libre. Siendo servidora pública tengo primero que cuidar mis horarios y solo trabajar en días inhábiles o en horario no laborable”.

Pese a los obstáculos, ambas candidatas se muestran satisfechas con su primera campaña.

“Estoy satisfecha con lo que he hecho y, pues nada, será al momento de la votación cuando sabré si alcancé a llegar a todas las personas a las que hubiera querido llegar”, señala Bonilla.

Santillán se prepara para celebrar el cierre de este ciclo, “este proceso tan importante para mí en mi desarrollo personal y profesional”.

En esta elección sin precedentes, Bonilla y Santillán salen del anonimato para conseguir votos. Sin partidos, sin financiamiento y sin experiencia en campañas, esperan que puedan convencer a una ciudadanía que, por primera vez, decidirá desde las urnas quién impartirá justicia.

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