Cómo la presión por las deportaciones masivas complica a las cortes de EE.UU. y los casos de inmigración se acumulan
Por Ione Molinares, CNN en Español
Tras ser asaltado por dos personas a las afueras de un bar en Baltimore, un hombre colaboró con la policía para identificar a los ladrones. Esto lo hizo elegible para solicitar una visa U, reservada para “las víctimas de ciertos delitos que han sufrido abuso mental o físico y son útiles a las autoridades policiales o a los funcionarios del gobierno en la investigación o el enjuiciamiento de actividades delictivas”, según explica en su sitio web el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, ya lleva 40 días sin recibir la confirmación de USCIS de la solicitud, dijo a CNN Gustavo Marín, su abogado.
Como este hombre, muchos clientes de Marín, un abogado de Baltimore especializado en temas migratorios, ven demoradas sus causas. La creciente presión de la administración de Donald Trump para avanzar con las deportaciones está causando numerosas complicaciones en las cortes, en el ya complejo sistema migratorio de Estados Unidos.
En el caso de este cliente de Marín, resolver su causa se hace más urgente ya que su esposa tiene una orden de deportación. “El recibo es crucial para protegerla de la deportación. Pero van 40 días sin recibir la confirmación de que la Oficina de Inmigración ya tiene el caso en proceso”, dice Marín a CNN, recalcando que está claro que “los jueces tampoco son tan flexibles, comprensivos como hace unos meses”.
Quienes tienen casos pendientes en cortes de inmigración advierten un cambio en la forma en que los jueces procesan y deciden casos. Un cambio que afecta, por ejemplo, a quienes solo hace unos meses veían sus peticiones como asilo o casos de deportación moverse con cierta predictibilidad en el ya complejo sistema de inmigración de EE.UU.
Abogados apuntan a que ciertos beneficios que tenían trámites relativamente estándar en las cortes hoy tienen más posibilidad de ser rechazados por los jueces. Marín dice que de las solicitudes como la visa U, por ejemplo, ha tomado recientemente unos 120 días en solamente confirmar el recibo oficial de la solicitud, contrario a unos 40 días en promedio que tomaba a finales del año pasado. Y eso retrasa todo un proceso que, de por sí, puede durar entre 5 y 7 años.
También desde hace años los procesos de asilo se han disparado, congestionando aún más el trabajo de las cortes. La presión por resolver esos casos solo sigue en aumento. En abril, la Oficina Ejecutiva para Revisión Inmigratoria (EOIR, por sus siglas en inglés), emitió un memorando en el que señala que los jueces de inmigración “tienen el deber de gestionar eficientemente sus expedientes”, y apunta que “de los casi 4 millones de casos pendientes en el expediente de la EOIR, se desprende claramente que esto no ha sucedido”.
El memo indica que a los que jueces o adjudicadores no se les prohíbe “y, de hecho, deberían tomar— todas las medidas apropiadas para resolver de inmediato los casos en sus expedientes que no cuentan con vías legales viables para obtener un alivio o protección contra la expulsión”.
Esto podría abrir la puerta para que los jueces tomen una determinación de un caso de asilo, sin que el solicitante tenga necesariamente que presentarse frente a un juez.
“Lamentablemente, bajo la era del presidente Trump todos los procesos migratorios se han complicado. En algunas situaciones con la intención de forzar a más gente que no se defienda”, dijo a CNN Jaime Barrón, abogado con oficinas en varios estados de EE.UU. Barrón dice además que es clara “la actitud antinmigrante de tratar de encontrar todas las maneras de negar un caso y restringirles el debido proceso que les permite la Constitución”.
Más aún, los despidos de jueces de inmigración en medio del proceso de reducción del gobierno que adelanta la Administración Trump están empeorando la congestión de casos. En marzo y abril, el Departamento de Justicia despidió jueces de inmigración en periodo de prueba. Trece de ellos radicaron una demanda contra el Departamento de Justicia aduciendo violación de las regulaciones.
Estos despidos solo vaticinan que el trabajo a los jueces de inmigración sea eventualmente insostenible y que muchos casos sigan en fila por años.
Los datos de la misma EOIR dan cuenta de los casi 4 millones de casos pendientes de deportación y asilo entre otros en marzo, se completaron un poco más de 61.000. Hace casi un año (abril de 2024) se completaron unos 64.000.
A este ritmo, con solo un 2% aproximado de los casos que se completan por mes, pasarán 4 o 5 años para resolver los casos pendientes. Y los casos seguirán acumulándose. Es decir, años y años de espera para los inmigrantes.
Los abogados de las oficinas de Barrón advierten también que las fianzas son ahora más complejas. Un cargo relativamente menor, como conducir bajo los efectos del alcohol (DWI), ahora determinan que la persona sea considerada un peligro para la comunidad. Y ahora es más difícil solicitar la cancelación de un proceso consular con cargos penales simples.
Paciencia parece ser el consejo más obvio, aunque para muchos esto implique el riesgo de deportación o vivir con miedo a que eso ocurra. “El proceso será más lento”, dice tajantemente el abogado Marín. Y, al parecer, la situación no va a mejorar.
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