Jueza de EE.UU. ordena a Genaro García Luna y a su esposa pagar casi US$ 2.500 millones al Gobierno de México
Por Mauricio Torres, CNN en Español
Una jueza de Estados Unidos ordenó al exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar al Gobierno mexicano casi US$ 2.500 millones por las afectaciones al erario derivadas de un esquema de contratos fraudulentos presuntamente encabezado por ambos, dijo este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF).
La sentencia de la jueza Lisa Walsh, del Decimoprimer Circuito Judicial de Florida, indica que García Luna debe pagar US$ 748 millones y Pereyra, US$ 1.740 millones, señaló la UIF en un comunicado.
Esta resolución se deriva de una demanda civil que el Gobierno de México presentó en 2021 en EE.UU. contra García Luna y otras personas, argumentando daños a la hacienda pública por contratos otorgados mediante presuntos actos de corrupción.
Por estos mismos hechos, García Luna, Pereyra y otras personas enfrentan acusaciones penales y órdenes de arresto en México. En octubre de 2024, la UIF dijo que había detectado presuntas irregularidades en 30 contratos relacionados con la operación de cárceles y que en total había 61 involucrados en esta presunta red. García Luna y Pereyra niegan haber cometido algún ilícito.
En EE.UU., en octubre de 2023 la misma jueza Walsh falló en contra de García Luna y de su esposa y les ordenó pagar al Gobierno de México US$ 2,5 millones correspondientes a los bienes de una empresa y un departamento ubicados en territorio estadounidense.
CNN contactó al Decimoprimer Circuito Judicial de Florida para pedir la sentencia y está en espera de respuesta. También contactó a los abogados de García Luna y Pereyra para pedir comentarios y espera respuesta. Anteriormente, ambos han rechazado las acusaciones en su contra.
García Luna fue secretario de Seguridad durante toda la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y antes ocupó cargos en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), instituciones ya extintas.
En diciembre de 2019, el exfuncionario fue detenido en Texas acusado de haber brindado protección al cártel de Sinaloa, entre otros delitos. Casi cinco años después, en octubre de 2024, fue sentenciado en una Corte de Nueva York a más de 38 años de prisión por participar en una empresa criminal continua, conspirar para importar cocaína a EE.UU. y dar declaraciones falsas a funcionarios de migración.
Su defensa dijo entonces que apelaría la sentencia. Su esposa se encuentra en libertad.
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