Organizaciones sin fines de lucro se preparan para una posible ofensiva del Gobierno de Trump tras avances de proyecto fiscal
Por Fredreka Schouten, CNN
Un proyecto de la Cámara de Representantes que facilitaría retirar la exención de impuestos a las organizaciones sin fines de lucro que el Gobierno de Donald Trump considere que apoyan el terrorismo es el último esfuerzo del presidente y sus aliados republicanos para obstaculizar a los grupos que se oponen a su agenda, según argumentan algunos líderes de organizaciones sin fines de lucro.
La disposición se produce cuando el presidente Trump ha utilizado los poderes de su oficina de manera extraordinaria para apuntar a los principales bufetes de abogados, universidades de élite y otros percibidos como enemigos políticos. El mes pasado, por ejemplo, Trump ordenó a su Departamento de Justicia que iniciara una investigación sobre ActBlue, la principal plataforma de recaudación de fondos para candidatos demócratas y causas liberales.
El lenguaje —añadido esta semana por el comité de redacción de impuestos de la Cámara al masivo texto titulado “Gran y hermoso proyecto de ley”, que es una prioridad para Trump— permitiría al secretario del Tesoro suspender el estatus de exención de impuestos de las organizaciones que la administración dice que son de “apoyo al terrorismo”.
Más de 200 grupos —que van desde la Asociación Estadounidense de Bibliotecas hasta el Sierra Club— firmaron recientemente una declaración pública instando a la Cámara a eliminar la disposición. Dicen que es una herramienta del presidente para apuntar a sus oponentes.
“Hemos visto a esta administración utilizar todos los resortes de poder que ha podido para atacar a quienes considera sus enemigos”, dijo Cole Leiter, director ejecutivo de Estadounidenses contra la Censura Gubernamental, uno de los grupos que se oponen al proyecto de la Cámara. “Se trata de una instrumentalización del Gobierno, y ésta es solo la última manifestación de ello”.
Las organizaciones sin fines de lucro temen que haya más en camino, con un plazo de la Casa Blanca en ciernes para que las agencias gubernamentales identifiquen a las grandes empresas que cotizan en bolsa, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, universidades y colegios de abogados y médicos estatales y locales para posibles investigaciones civiles.
En un comunicado, un funcionario de la Casa Blanca sostuvo que Trump está operando dentro de sus derechos y de la ley.
“El presidente Trump siempre defenderá la ley y el orden, poniendo fin a la instrumentalización del sistema legal y erradicando el fraude en el Gobierno federal”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, en un correo electrónico a CNN, haciéndose eco del estribillo familiar del presidente de que el Gobierno de Biden utilizó el sistema judicial en su contra cuando Trump estaba fuera del cargo.
“Cada acción que ha tomado en su segundo mandato refleja estas prioridades y está autorizada por la Constitución”, dijo Fields. “Los grupos externos que ignoraron los atroces abusos legales de la administración anterior contra el presidente Trump no tienen credibilidad hoy”.
La disposición fiscal, recientemente agregada a una propuesta legislativa de casi 400 páginas por la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, se apega estrechamente al lenguaje de un proyecto de ley escrito por la representante republicana de Nueva York Claudia Tenney que la Cámara aprobó en la última sesión del Congreso, pero no pasó al Senado.
Permitiría al secretario del Tesoro suspender la exención fiscal de las organizaciones benéficas que el secretario determine que han proporcionado “apoyo material o recursos” a una organización designada por el Gobierno como organización terrorista.
Los asesores de Tenney y del presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, el representante de Missouri Jason Smith, no respondieron a las preguntas de CNN sobre la medida. Durante el debate en el pleno sobre el proyecto de Tenney el pasado noviembre, Smith dijo que los legisladores tienen el “deber de asegurarse de que los contribuyentes no están subvencionando el terrorismo”.
Grupos que se oponen a la medida afirman que carece de salvaguardias adecuadas para proteger los derechos procesales de las organizaciones.
Kia Hamadanchy, asesora política de la ACLU (Unión Estadounidense de Libertades Civiles), señaló que ya es ilegal proporcionar apoyo material a una organización terrorista. La nueva disposición, dijo Hamadanchy, es problemática porque otorga al secretario del Tesoro discreción exclusiva para designar a un grupo como de apoyo al terrorismo y permitiría a la agencia suspender el estatus de exención de impuestos de una organización sin fines de lucro “antes de que haya tenido la oportunidad de presentarse ante un responsable neutral como un juez”.
Lisa Gilbert, copresidenta del grupo de vigilancia liberal Public Citizen, teme que las organizaciones con redes internacionales se vean atrapadas involuntariamente si la disposición se convierte en ley.
“Piensa en la ayuda humanitaria extranjera, por ejemplo, o en los grupos que reciben fondos de fundaciones que no tienen su única sede en Estados Unidos”, dijo. “Hay muchas actividades que podrían verse afectadas”.
La Casa Blanca remitió las preguntas sobre la redacción del proyecto de ley al Departamento del Tesoro. Un portavoz del Tesoro declinó hacer comentarios.
El proyecto de ley en su conjunto se enfrenta actualmente a un camino arduo en la Cámara de Representantes, aunque los líderes republicanos de la cámara han manifestado su deseo de someterlo a votación la próxima semana. Un grupo de republicanos de línea dura bloqueó el viernes su aprobación en un comité clave al exigir mayores recortes y cambios en sus disposiciones sobre el programa Medicaid.
Si el proyecto de ley se aprueba en la Cámara de Representantes, grupos que se oponen al lenguaje relativo a la situación fiscal de las organizaciones sin ánimo de lucro afirman que lucharán para acabar con él en el Senado.
La ley aborda una serie de prioridades del presidente, desde recortes fiscales hasta la aplicación de las leyes de inmigración. Pero para aprobarla en el Congreso, donde los republicanos tienen una escasa mayoría en ambas cámaras, los líderes del Partido Republicano recurren a una herramienta llamada reconciliación presupuestaria, que permite aprobarla por mayoría simple sin votos demócratas.
Sin embargo, según las estrictas normas del Senado, el parlamentario no partidista de la cámara debe determinar si sus disposiciones tienen un impacto real en el presupuesto, y no meramente “incidental”. Un primer análisis realizado por un grupo conjunto de fiscalidad del Congreso concluyó que la disposición tiene un efecto “insignificante” en los ingresos, lo que alimenta las esperanzas de los opositores de que pueda ser eliminada del proyecto de ley más amplio en el Senado.
La ley federal prohíbe al presidente ordenar investigaciones fiscales de personas u organizaciones concretas, pero Trump ha amenazado públicamente con revocar la exención fiscal de la Universidad de Harvard por negarse a acceder a sus exigencias políticas.
En declaraciones el mes pasado sobre el estatus fiscal de Harvard, Trump indicó que otras organizaciones podrían ser el objetivo, y señaló a Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, o CREW por sus siglas en inglés, un grupo de vigilancia sin fines de lucro que aborda la corrupción pública y ha demandado a la administración Trump por varias de sus acciones.
Algunos líderes de organizaciones sin fines de lucro ahora están observando con cautela otros posibles movimientos de la administración, derivados del decreto que Trump firmó el 21 de enero, destinado a alentar al sector privado a poner fin a lo que la administración considera “discriminación ilegal”.
Entre otras cosas, el decreto ordena a las agencias que identifiquen hasta nueve objetivos potenciales entre fundaciones, corporaciones, universidades y otras entidades, para sondeos de “cumplimiento civil” como parte del esfuerzo de la administración por erradicar las políticas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Entre los grupos que podrían ser objeto de escrutinio figuran lo que la orden denomina “grandes” asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones con activos de al menos US$ 500 millones y facultades y universidades con dotaciones que superan los US$ 1.000 millones.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, ya ha ordenado a la División de Derechos Civiles del Departamento que examine si las universidades están tratando de eludir una sentencia de la Corte Suprema de 2023 que establece que las escuelas ya no pueden tener en cuenta la raza como base específica para conceder la admisión. Un grupo de trabajo del Departamento de Justicia destinado a combatir el antisemitismo en los campus también está investigando casi una docena de universidades y todo el sistema de la Universidad de California.
El decreto de Trump del 21 de enero también pide a la secretaria de Justicia que emita un informe a la Casa Blanca recomendando medidas en un plazo de 120 días, un plazo que llegará la próxima semana. Pero no está claro si las listas de objetivos potenciales se han reunido o se darán a conocer públicamente.
Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió a una consulta sobre el informe.
Aun así, los líderes de las organizaciones sin fines de lucro están manteniendo conversaciones con sus abogados y buscando formas de evitar riesgos y prepararse para posibles auditorías, según explican a CNN varias personas familiarizadas con las discusiones internas.
“La gente está tratando de prepararse”, dijo Gilbert, de Public Citizen. “No está muy claro lo que significará estar en una lista en los Estados Unidos de Trump”.
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Hannah Rabinowitz de CNN contribuyó a este informe.
