Milei sigue los pasos de Trump y el Gobierno de Argentina dice que deportará a extranjeros que hayan cometido delitos
Por Federico Jofre, CNN en Español
El Gobierno de Argentina anunció este miércoles que impulsa cambios en el régimen migratorio del país, los cuales se harán efectivos a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que aún no fue publicado en el Boletín Oficial.
El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, aseguró que entre las principales modificaciones se destaca que ningún extranjero condenado podrá ingresar a Argentina y que deportarán a aquellos que ya están en el país y que hayan cometido un delito.
Adorni aclaró que todo aquel que sea condenado “será deportado sea por el delito que sea”. A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente se informó que esta medida aplica para “ilícitos con penas menores a cinco años de condena” que hasta ahora no eran motivo de deportación o rechazo para entrar al país.
El decreto de este miércoles endurece las restricciones a la ciudadanía, exigiendo a los inmigrantes pasar dos años ininterrumpidos en Argentina o realizar una inversión financiera significativa en el país para obtener un pasaporte argentino.
Los inmigrantes que buscan la residencia permanente deben demostrar ingresos o “medios suficientes” y no tener antecedentes penales en sus países de origen.
Además, otro cambio importante es que el nuevo decreto también cobra a los extranjeros por acceder a la atención médica y la educación públicas de Argentina, a la vez que exige que todos los viajeros al país tengan seguro médico. Adorni afirmó que los hospitales públicos habían gastado unos US$ 100 millones en el tratamiento de extranjeros el año pasado, sin ofrecer pruebas.
El decreto facilita enormemente al Gobierno la deportación de migrantes que ingresan al país ilegalmente, falsifican sus documentos migratorios o cometen delitos menores en Argentina. Anteriormente, las autoridades solo podían expulsar o denegar la entrada a extranjeros con una condena de más de tres años.
Otra de las modificaciones anunciadas, es la autorización a las Universidades Nacionales de establecer aranceles a residentes temporarios.
También solicita al poder judicial que agilice los procedimientos judiciales de inmigración, que de otro modo serían largos.
Las medidas del Gobierno de Milei contradicen al artículo 20 de la Constitución Nacional que establece que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”.
“Desde hace tiempo, tenemos regulaciones que incitan al caos y al abuso por parte de muchos oportunistas que están lejos de venir a este país de manera honesta”, declaró Adorni a la prensa. El portavoz presidencial es también el principal candidato del partido La Libertad Avanza de Milei, que se presenta a las cruciales elecciones legislativas de Buenos Aires de este domingo.
Desde una ley de 2003, bajo el entonces presidente Néstor Kirchner, se ha garantizado el acceso gratuito a los amplios sistemas de educación y salud de Argentina. Las universidades y hospitales públicos ahora tienen dificultades para hacer frente a los drásticos recortes del gasto público bajo el programa de austeridad de Milei.
Políticos de derecha llevan años criticando lo que Adorni describió el miércoles como “giros de salud”, en los que las personas cruzan la frontera, reciben tratamiento y regresan a casa. Varias provincias del norte y la ciudad de Buenos Aires ya han comenzado a cobrar aranceles a extranjeros no residentes para acceder a la atención médica.
Adorni dijo que el decreto permite a las universidades introducir aranceles para estudios en el extranjero si así lo desean.
A los críticos les preocupa que las nuevas normas pongan en peligro la tradición de apertura de Argentina, forjada durante décadas a lo largo de las oleadas migratorias. Aunque los estallidos de xenofobia han provocado medidas represivas en varios momentos de agitación, Argentina ha acogido oleadas de extranjeros de toda América Latina, el mundo árabe, Asia y, más recientemente, Rusia, ofreciéndoles un camino hacia la ciudadanía y garantizando su derecho a servicios básicos.
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