La ACLU informa a la Corte Suprema de Justicia que no puede contactar a los venezolanos detenidos en Bluebonnet
Por John Fritze, CNN
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus silgas en inglés) informó a la Corte Suprema en un documento presentado este miércoles que no ha podido contactar a la mayoría de los 176 venezolanos que el Gobierno de Donald Trump quiere deportar porque las autoridades no han proporcionado sus nombres.
El gobierno de EE.UU. no ha estado dispuesto a proporcionar los nombres ni los números de identificación de los presuntos pandilleros detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, informó la ACLU al tribunal superior. Dicha información, añadió, es necesaria para programar reuniones con dichos detenidos y presentar impugnaciones a su posible detención.
“En consecuencia, el abogado de los solicitantes no puede reunirse con la mayoría de los supuestos miembros del grupo, y, según su conocimiento, ningún supuesto miembro del grupo ha logrado presentar un recurso de habeas corpus por su cuenta desde que se emitió la proclamación”, declaró la ACLU. Esto no sorprende, dado que la notificación de la Ley de Enemigos Extranjeros del gobierno no explica si las personas pueden impugnar su deportación ni cómo hacerlo, y dadas las barreras lingüísticas, los conocimientos jurídicos y el acceso limitado a computadoras y otros recursos durante la detención.
El escrito de tres páginas de la ACLU respondió a un escrito presentado por la administración Trump a principios de esta semana, que sugería que los detenidos en cuestión tuvieron tiempo más que suficiente para presentar impugnaciones, dado que la Corte Suprema ha estado considerando la apelación de emergencia desde mediados de abril.
En su presentación del lunes, el Gobierno de EE.UU., irritado por una orden anterior de la Corte Suprema que bloqueaba cualquier deportación de Bluebonnet por ahora, alegó que algunos de los detenidos que mantiene retenidos han demostrado ser especialmente peligrosos. El Gobierno afirmó que casi dos decenas de detenidos se habían atrincherado recientemente en una unidad de vivienda y habían amenazado con tomar rehenes.
La ACLU no respondió a esta acusación en su escrito.
El 7 de abril, la Corte Suprema permitió a Trump continuar utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma pensada para tiempos de guerra, para acelerar la deportación de algunos venezolanos, pero le exigió al Gobierno de Trump que notificara y diera a las personas afectadas la oportunidad de impugnar su deportación. En una orden posterior del 19 de abril, el alto tribunal impidió temporalmente que se deportara a cualquier venezolano bajo la ley mientras revisaba su apelación.
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