Abogados de Trump confían en que la Corte Suprema acelere la agenda de su segundo mandato de manera más efectiva
Por Paula Reid y Casey Gannon, CNN
La Corte Suprema de EE.UU. abordará el jueves un caso que podría decidir qué tan rápido el presidente Donald Trump puede implementar la agenda de su segundo mandato, al escuchar argumentos sobre las órdenes judiciales a nivel nacional que permiten a un solo juez bloquear una política para todo el país.
El asunto surge de una apelación que impugna fallos que han bloqueado el intento de Trump de poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento, una práctica de larga data basada en la Enmienda 14 que otorga la ciudadanía a cualquier niño nacido en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
“Los mandatos judiciales a nivel nacional y universal emitidos por jueces de tribunales de distrito han frustrado fundamentalmente la capacidad del presidente para implementar su agenda”, dijo un alto funcionario del Departamento de Justicia a periodistas en una sesión informativa el martes.
Trump ha emitido más de 200 decretos en los últimos cuatro meses, más que cualquier otro presidente, los cuales han sido bloqueadas por jueces en 39 ocasiones, según el Departamento de Justicia. Si bien presidentes recientes de ambos partidos se han enfrentado a medidas cautelares a nivel nacional, Trump va camino de establecer un récord, por lo que este tema se ha convertido en una prioridad para él y sus aliados republicanos en el Congreso.
“No puede darse el caso de que el presidente de Estados Unidos tenga que marchar ante unos 600 jueces de tribunales de distrito y pedirle a cada uno de ellos permiso individual para implementar cualquier política, particularmente políticas importantes que promovió en su campaña y para las que el pueblo estadounidense lo eligió”, dijo a la prensa un segundo funcionario de la administración.
Las órdenes judiciales a nivel nacional comenzaron a implementarse alrededor de 1963 y se usaron con moderación hasta la era moderna, cuando los jueces comenzaron a usarlas para bloquear a los presidentes de ambos partidos, según el Departamento de Justicia.
“Yo diría que es un asunto bipartidista, es un asunto no partidista, y la única institución que ha sido muy consistente al respecto es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que a lo largo de cinco administraciones ha dicho que esto no es un problema”, dijo el funcionario.
El procurador general del Departamento de Justicia, John Sauer, quien argumentó con éxito ante la Corte Suprema a favor de la inmunidad presidencial cuando era abogado personal de Trump, argumentará en nombre del gobierno que los tribunales están frustrando el poder de los poderes legislativo y ejecutivo al bloquear políticas para todo el país.
Sin embargo, los críticos de los argumentos del Gobierno de Trump dicen que impedir que los jueces bloqueen políticas mientras se desarrollan los litigios significa que acciones de cuestionable legalidad o constitucionalidad podrían estar en vigor durante años antes de que la Corte Suprema las considere.
El caso del jueves se originó a partir de tres impugnaciones distintas al decreto de Trump que eliminaba la ciudadanía por nacimiento, emitida en su primer día de mandato. Las demandas fueron interpuestas por estados liderados por demócratas, grupos de defensa de los inmigrantes y personas embarazadas cuyos hijos podrían ser denegados de la ciudadanía bajo la nueva política de Trump. Argumentan que la política del presidente es manifiestamente inconstitucional, razón por la cual se requirió una orden judicial.
Y señalan que cada tribunal de distrito que ha considerado el decreto bloqueó la política de Trump debido a los “daños profundos que impone a los estados y a los individuos”.
Pero Sauer planea refutar esa afirmación argumentando que los jueces de distrito no siempre tienen razón sobre los méritos de una política. Señalará la prohibición de Trump a las personas transgénero en el servicio militar, que fue objeto de una orden judicial a nivel nacional en marzo. La Corte Suprema dictaminó recientemente que el gobierno puede seguir adelante con la prohibición, aunque no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad.
“Muchos de estos jueces de tribunales de distrito están equivocados”, dijo el alto funcionario del Departamento de Justicia.
La administración también enfrentó uno de sus mayores reveses judiciales la semana pasada cuando un juez de San Francisco bloqueó su plan de despidos masivos. El fallo tiene un enorme impacto en la capacidad de la administración para reestructurar el gobierno y el caso del jueves podría tener un impacto directo en tal iniciativa.
El Gobierno de Trump sostiene que no basta con que el tribunal simplemente limite los mandatos judiciales.
“Preferiría un sistema con menos de los que hay ahora”, dijo el funcionario. “Sin embargo, creo que cualquier limitación será un vacío legal por el que se puede pasar un camión. Porque, en realidad, ahora tenemos limitaciones muy importantes”.
Los argumentos son de gran importancia para Trump y su capacidad de cumplir rápidamente sus promesas de campaña.
“Por eso este caso es tan importante para nosotros. Por eso nos entusiasma que la Corte Suprema haya aceptado la medida sin precedentes, y ciertamente inusual, de escuchar los argumentos orales en un caso como este. Tenemos mucha esperanza y confianza en que tendremos un día exitoso en la Corte Suprema”.
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