Otra forma de hacer pizza: Milei busca dinamizar la economía con los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema
Por Emiliano Giménez, CNN en Español
“Hay distintas formas de dolarizar… La dolarización es como una pizza, está la de jamón y mozzarella, la de mozzarella, la primavera que tiene ananá, la de pepperoni, la fugazzeta. Hay un montón de modelos de pizzas, vos podés hacerlas de distintas maneras”, dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, cuando fue consultado sobre cómo iba a dolarizar la economía durante una entrevista en abril en el canal de streaming Neura.
Para tal efecto, el gobierno anunció este jueves una serie de medidas tendientes a acelerar el proceso de monetización de la economía, que confía que se haga a partir de la formalización de los dólares que los argentinos han atesorado fuera del sistema circuito legal. Como si se tratara del lanzamiento de una nueva manera de hacer pizza, el equipo económico anunció el Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló que el plan tiene dos etapas: la adecuación de la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo que se encarga de impedir el lavado de activos procedente de delitos graves, a las nuevas medidas; y una segunda etapa, que contempla un proyecto de ley que garantice la continuidad de este nuevo esquema, con independencia de qué fuerza política gobierne el país.
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, detalló que ya no se va a informar más las compras con tarjeta de crédito y débito que hagan los argentinos, no se reportarán más las compraventas de autos usados, los escribanos (notarios) ya no deberán presentar mensualmente el cruce informático de transacciones importantes, no se informarán más las expensas que paga el titular o inquilino de un departamento y tampoco se informará cuando alguien ponga en venta su inmueble. Tampoco se remitirá más el consumo de servicios, y se simplifica la presentación del impuesto a las ganancias, ahora enfocado en la facturación de una persona y no en sus consumos. Y subirán los umbrales a partir de los cuales las entidades financieras y comercios deben informar a ARCA por una operación.
Este último punto es el núcleo de la iniciativa, porque relaja controles sobre consumos para estimular a los argentinos a usar sus dólares en efectivo sin ser observados por el Estado.
Ante los posibles temores de una facilitación de maniobras ilícitas a partir de estas medidas, el Gobierno aclaró en el decreto que todo se hará “en el marco de los estándares, buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.
El contexto de esta propuesta tiene como referencia los datos de empleo del cuarto trimestre del año pasado (último registro disponible), que muestran que más de cuatro de cada 10 argentinos trabajan en la informalidad, ámbito donde también se ubican sus ahorros.
De acuerdo con datos del último informe de la balanza de pagos y deuda externa del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los argentinos tienen alrededor de US$ 213.000 millones fuera del sistema bancario, tanto nacional como internacional ―la cifra se desprende de que los argentinos tienen US$ 246.000 millones, pero mantienen depositados solo unos US$ 33.000 millones en el sistema bancario local. Como parámetro, la deuda externa total del país asciende a US$ 254.000 millones a valor de mercado (último cuatrimestre de 2024), por lo que si los argentinos formalizaran todas sus tenencias en moneda estadounidense, casi sería posible pagarla.
Por lo tanto, el gobierno sale a buscar dólares que existen, a pescar donde sabe que hay, confiando en que los argentinos decidan gastar sus ahorros.
Más allá del pago de impuestos sobre esas tenencias, en un país cuya presión tributaria ha crecido durante buena parte de los últimos 20 años, y de la informalidad en la que navega más del 40% de lo que se produce, hay que considerar la historia financiera y bancaria del país.
En los últimos 36 años, los argentinos padecieron dos confiscaciones de sus ahorros depositados en los bancos, derivadas de emergencias económicas. La primera fue en 1990, cuando el denominado Plan Bonex, impulsado por el gobierno del entonces presidente, Carlos Menem, generó un canje forzoso de depósitos por títulos de la deuda pública. La segunda sucedió 11 años después, en medio de la crisis de 2001 que terminó con el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, cuando se impuso un “corralito”, una serie de restricciones para el retiro del dinero de los bancos y el congelamiento de los depósitos. Todo esto representó un quebranto para los ahorristas y generó una desconfianza en el sistema financiero que algunos analistas aseguran que llega hasta hoy, 24 años después.
Según el ministro de Economía, Luis Caputo, a la economía argentina le están faltando pesos, producto del ajuste monetario y fiscal que el Gobierno lleva a cabo desde que se inició, el 10 de diciembre de 2023. Siempre según el funcionario, los dólares sobran en comparación con esos pesos.
Y es por eso que esta iniciativa sale a buscarlos, en el marco del freno de la recuperación económica que muestran datos oficiales. Después de varios meses de recesión en 2024, la tendencia a una economía en alza viró en marzo a una caída intermensual del 1,8%. Fue la primera vez en casi un año que ese cotejo mes a mes da negativo, lo que enciende las alarmas y le da otro argumento al Gobierno para avanzar en políticas que favorezcan al consumo y dinamicen la actividad.
Por ahora, sigue siendo una incógnita si una mayor libertad de movimientos de capitales se transformará en un vuelco masivo de los ahorros de los argentinos al mercado.
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