Italia modifica la ley sobre el derecho a solicitar la ciudadanía a través de los bisabuelos
Por Barbie Latza Nadeau, CNN
El gobierno de Italia promulgó esta semana una ley que impide obtener la ciudadanía italiana a través de sus bisabuelos, frustrando así las esperanzas de quienes ya han pagado para iniciar el trámite.
La ley, introducida en marzo por el gobierno derechista de la primera ministra Giorgia Meloni y que entró en vigor el martes, restringe ahora el derecho a la ciudadanía por ius sanguinis (línea de sangre) a las personas cuyos padres o abuelos eran italianos.
Según el Ministerio del Interior de Italia, 80 millones de personas en todo el mundo son de ascendencia italiana. Y para quienes tuvieron bisabuelos italianos y han invertido tiempo y dinero en recopilar, traducir y certificar documentos para solicitar la ciudadanía, este cambio representa una mala noticia.
Ahora solo podrán convertirse en italianos mudándose a Italia y solicitando la residencia, lo cual ya se ha vuelto más difícil bajo el gobierno de Meloni debido al endurecimiento de las normas de visado para ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea.
Para complicar aún más la situación, el 8 y 9 de junio, los italianos votarán en referéndum sobre una propuesta para cambiar las normas italianas sobre ciudadanía por residencia. Actualmente, los ciudadanos no pertenecientes a la UE pueden solicitar la ciudadanía tras 10 años de residencia legal.
El referéndum, que se prevé que fracase y que el gobierno no apoya, reduciría ese requisito a la mitad, a cinco años. Pero si no se aprueba, podría ser seguido por otro referéndum que, de aprobarse, aumentaría el requisito a 12 años de residencia legal.
Actualmente, quienes soliciten la ciudadanía italiana por residencia deben presentar un comprobante de ingresos imponibles de todos los años de residencia y deben tener unos ingresos anuales mínimos de 8.263,31 euros (unos US$ 9.360) si no tienen hijos y de 11.362,05 euros (US$ 12.870), más 516 euros adicionales (US$ 585 dólares) por hijo si los tienen.
Los solicitantes también deben aprobar un examen de italiano y demostrar que no tienen antecedentes penales en todos los países en los que han vivido. Por otro lado, quienes solicitan la ciudadanía por ascendencia actualmente no necesitan aprobar un examen de idioma ni demostrar ingresos.
Para muchos de quienes esperaban obtener la ciudadanía a través de sus bisabuelos, mudarse a Italia durante 10 años (o cinco si se aprueba el referéndum) no es una opción. Gina Pace Trucil, una estadounidense que ha trabajado para obtener la ciudadanía, expresó su frustración en un grupo de Facebook para personas con ascendencia italiana que están trabajando en las nuevas leyes.
“Presenté todos mis documentos con base en mi bisabuelo”, escribió. “Esperé tres años para mi cita, gasté miles de dólares y ahora me dicen que no soy elegible”.
Samantha Wilson, quien dirige Smart Move Italy, una firma que ayuda a personas con el proceso de inmigración, calificó el cambio de ley como una terrible noticia.
“De hecho, es peor de lo que esperábamos”, comentó a CNN. “Para muchos de nuestros clientes, este cambio ha destrozado sus planes inmediatos de mudarse a Italia, así como sus aspiraciones a largo plazo.
“También es preocupante para la propia Italia, debido a que el país ya se enfrenta a una disminución de su población. Muchos de estos solicitantes no solo buscaban conectar con su herencia, sino que también planeaban invertir en propiedades, emprender negocios y contribuir a la economía italiana. Ahora, eso ya no es posible sin una visa”.
Wilson recomienda que quienes deseen mudarse exploren el programa de Visas para Nómadas Digitales de Italia u otras opciones de visa, según sus circunstancias individuales. Ciertas visas también reducen el requisito de residencia legal.
Para quienes estaban en proceso de solicitud basándose en sus bisabuelos, pero ahora están descalificados, sugiere que impugnen la ley ante el Tribunal Constitucional italiano.
“Por supuesto, solo un juez puede presentar un caso ante el Tribunal Constitucional, pero necesitamos que se presenten suficientes casos para un posible fallo”, añadió Wilson.
“Este proceso probablemente durará más de un año y conlleva costos legales significativos. Si los clientes ya han pagado el trámite de ciudadanía, les sugerimos que continúen adelante y defiendan sus derechos”.
“En general, es una situación muy triste para muchos, y aunque esperamos que el Tribunal Constitucional finalmente se pronuncie al respecto, llevará tiempo”.
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