Corte de apelaciones no levantará orden que pide al Gobierno de Trump facilitar el regreso de solicitante de asilo deportado
Por Devan Cole, CNN
Una corte federal de apelaciones dividida rechazó el lunes una solicitud del Gobierno de Trump para suspender la orden de un juez que requiere que el gobierno “facilite” el regreso de un refugiado venezolano de 20 años que fue deportado a El Salvador a principios de este año.
El fallo 2-1 de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU. probablemente preparará un enfrentamiento en la Corte Suprema sobre la orden emitida en abril por la jueza de distrito de EE.UU. Stephanie Gallagher, quien dijo que la administración había violado un acuerdo judicial que protege a algunos jóvenes migrantes con solicitudes de asilo pendientes cuando deportó al hombre, referido solo como “Cristian” en los documentos judiciales, y le ordenó trabajar con las autoridades salvadoreñas para traerlo de regreso a EE.UU.
El alto tribunal había respaldado una orden similar, aunque menos específica, de un juez federal diferente a principios de este año en un caso separado de un hombre deportado ilegalmente al país centroamericano.
La jueza de la corte de apelaciones DeAndrea Gist Benjamin, designada por el expresidente Joe Biden, y el juez Roger Gregory, designado a la corte por el expresidente Bill Clinton, votaron a favor de mantener intacta la orden de Gallagher. El juez Julius Richardson, designado al 4º Circuito por el presidente Donald Trump, disintió.
En una dura concurrencia en solitario, Gregory criticó el argumento de la administración de que la orden del tribunal inferior debería suspenderse porque el gobierno había tomado una “decisión indicativa” de que la solicitud de asilo de Cristian sería denegada si regresaba a EE.UU. basándose en su afirmación de que es miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Ese argumento tampoco tuvo peso cuando la administración pidió a Gallagher que anulara su orden.
“Como se está volviendo demasiado común, nos enfrentamos nuevamente a los esfuerzos del poder ejecutivo por dejar de lado el estado de derecho en la búsqueda de sus objetivos”, escribió Gregory. “Es deber de los tribunales actuar como un baluarte contra las mareas políticas que buscan anular las protecciones constitucionales y los principios fundamentales del derecho, incluso en nombre de fines nobles como la seguridad pública”.
“El tribunal de distrito aplicó fielmente las disposiciones contractuales en disputa aquí, y ordenó adecuadamente a los Estados Unidos que remedien la violación de sus promesas explícitas”, agregó.
Escribiendo en disidencia, Richardson dijo que Gallagher, una designada por Trump que se sienta en el tribunal federal en Baltimore, se había excedido al emitir el fallo “novedoso” que requería que los funcionarios de la administración de Trump hicieran “una solicitud de buena fe… al Gobierno de El Salvador para liberar a Cristian a la custodia de EE.UU. para su transporte de regreso a Estados Unidos”.
“Muchas opciones pueden estar disponibles para los tribunales de distrito que buscan elaborar un alivio apropiado en respuesta a deportaciones que consideran ilegales”, escribió. “Pero dirigir negociaciones diplomáticas al poder ejecutivo no está entre ellas”.
Cristian estaba entre el grupo de inmigrantes que fueron deportados a mediados de marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una amplia autoridad de tiempos de guerra del siglo XVIII que Trump invocó para acelerar las expulsiones de individuos que afirma son miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Durante una audiencia a principios de este mes, Gallagher dijo que los funcionarios prácticamente no habían hecho nada para cumplir con su directiva de “facilitar” el regreso de Cristian a EE.UU. desde la megaprisión en El Salvador a donde fue enviado para que pueda resolver su solicitud de asilo.
Enfatizó que, aunque la administración lo haya considerado miembro de la banda venezolana, el acuerdo de conciliación bajo el cual estaba cubierto, que se finalizó en noviembre, no incluía una excepción para el uso de esa ley. “El proceso”, dijo en ese momento, “es importante”.
Benjamin estuvo de acuerdo.
“La expulsión negó a Cristian la oportunidad de disputar en el fondo las mismas acusaciones que el Gobierno ahora presenta en apelación para justificar su incumplimiento”, escribió en una concurrencia que a la que se unió Gregory. “El incumplimiento del Gobierno negó a Cristian el beneficio del acuerdo y el proceso que se le debía”.
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