“Que nos den una fe de vida”: cómo deportaciones del Gobierno de Trump impiden a familiares saber dónde están seres queridos
Por Rocío Muñoz-Ledo y Osmary Hernández, CNN en Español
Ricardo Prada llevaba apenas unos meses en Estados Unidos cuando una decisión lo cambió todo. Había tramitado su entrada al país a través de la aplicación CBP One en noviembre de 2024, luego de un largo viaje desde Venezuela que lo llevó por Colombia y México, la misma ruta que siguen miles de migrantes en su camino hacia el norte.
Su hermano Héctor Prada contó a CNN que la última vez que habló con él fue en enero, por videollamada. Ricardo estaba feliz. Por primera vez veía nevar y, más allá del asombro, la nieve significaba trabajo para ayudar a su familia, incluidos sus dos hijos que se quedaron en la isla de Margarita, en el Caribe venezolano, lejos de las frías calles de Detroit donde Prada había comenzado una nueva vida como repartidor.
“Estaba muy emocionado porque eso le iba a proporcionar trabajo limpiando las calles. Pensaba que le iba a salir mucho trabajo con eso”, dijo su hermano Hugo, quien vive en Venezuela.
Días después, Ricardo Prada cometió un error: dio una vuelta equivocada al volante y se desvió hacia Canadá. Al intentar regresar a Estados Unidos por el túnel Detroit-Windsor, fue detenido por las autoridades inmigratorias y su proceso de deportación se activó de inmediato.
Michelle Brané, directora ejecutiva de Together & Free, una organización sin fines de lucro que ayuda a familias de deportados, dijo a CNN que Ricardo llamó a un amigo el 15 de marzo para contarle que creía que sería devuelto a Venezuela. El amigo contactó a la organización para que los ayudara a rastrearlo en las bases de datos de ICE y llamar a los centros de detención pero no lo encontraron.
Ese mismo día, tres vuelos partieron de Texas con unos 278 migrantes a bordo que fueron enviados por la administración de Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión construida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele para encerrar a pandilleros salvadoreños, señalados de pertenecer a una banda criminal.
Sin embargo, Ricardo Prada no figura en la lista que publicó la cadena estadounidense CBS de los migrantes que fueron enviados al Cecot en los vuelos de marzo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió en un correo electrónico a CNN que Prada fue detectado el 15 de enero en el túnel Detroit-Windsor, en Michigan, cuando intentaba entrar en Estados Unidos procedente de Canadá y fue remitido a una inspección secundaria. Fue detenido y enviado a un centro de ICE en Michigan.
Según el DHS, un juez ordenó su deportación el 27 de febrero y fue trasladado a El Salvador el 15 de marzo.
DHS señaló que sus investigaciones determinaron que Ricardo Prada representaba “una amenaza para la seguridad pública por ser miembro confirmado del Tren de Aragua y por violar sus condiciones de admisión”.
Héctor niega que su hermano sea un criminal y dijo a CNN que lo vincularon a la pandilla venezolana por los tatuajes que tiene: una calavera con una rosa y el nombre de su mamá con una corona en la muñeca.
Estados Unidos designó recientemente al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y funcionarios han afirmado que el país está siendo “invadido” por la pandilla. Estados Unidos y El Salvador acordaron enviar hasta 500 inmigrantes venezolanos con presuntos vínculos con esta pandilla al Cecot, informó anteriormente CNN.
Su hermano dijo a CNN que ha sido angustiante para su familia pues ha intentado localizarlo, pero no ha tenido éxito. Aunque el DHS dijo que fue enviado a El Salvador, Héctor dice que no ha podido establecer comunicación con él y no sabe con certeza dónde está.
“Aunque sea saber que está bien, que nos den una fe de vida porque en las listas no aparece”, dijo.
La directora ejecutiva de Together & Free dijo que tras no encontrar rastro de Ricardo después de realizar una búsqueda en las listas de ICE y llamar al centro de detención de Texas creyeron que era posible que hubiera sido enviado a la megaprisión.
“En varios otros casos que nos llamaron parientes encontramos enseguida a las personas en otro centro de detención o en un en una cárcel local, pero en este caso no lo encontrábamos, así que nos parecía probable que sí, que era parte de ese grupo que lo mandaron a Cecot pero no se sabía porque no encontramos ninguna confirmación”, dijo Brené a CNN.
CNN se comunicó con las autoridades de El Salvador para conocer si Prada se encuentra entre las personas detenidas, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
Varios expertos advierten que utilizar procesos de deportación más rápidos, debido a la presión del Gobierno de Trump para cumplir sus planes de deportación masiva, han exacerbado la dificultad de localizar a las personas bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional, un problema de larga data del sistema de inmigración de EE.UU.
“Puede deberse a traslados entre instalaciones, a la falta de acceso a la representación legal, así como la falta de acceso a la interpretación”, explicó Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Migration Policy Institute.
Pero con la Ley de Enemigos Extranjeros que invocó Trump para realizar deportaciones a terceros países los problemas para localizar a los detenidos en el sistema, dice Bush-Joseph, se están haciendo “aún más difíciles de lo normal”.
ICE cuenta con el Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS), que abogados y familiares utilizan para encontrar a personas detenidas durante procedimientos de inmigración. Sin embargo, el sistema no revela si alguien fue deportado y solo muestra si está actualmente bajo custodia de ICE.
Cuando el amigo de Ricardo contactó a Together and Free, hicieron la búsqueda para ver si se encontraba en el centro de detención de Texas pero no lo hallaron.
“Una vez que los trasladan, nosotros podíamos ver nada más lo que se puede ver en el momento y ya cuando nos llamó a nosotros (el amigo de Ricardo), él nos dijo y nos mostró de que la última llamada vino del Valle. Pero él ya en ese tiempo ya estaba puesto, como no presente, digamos no salía en la base de datos de ICE”, dijo Brené.
La lista de la cadena CBS incluye los nombres de 238 personas que corresponderían a las enviadas deportadas al país centroamericano. Pero conforme pasan los días se conocen más casos que no aparecen en esa lista, como el de Prada, lo que hace a las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los inmigrantes suponer que el Gobierno podría haber enviado a más gente al Cecot de lo que ha informado oficialmente.
“A medida que han ido apareciendo los casos de los desaparecidos, se lleva a los medios y ha ido respondiendo, lo cual nos hace suponer que todos los nombres que han ido apareciendo y que no están en la lista original también fueron enviados al Cecot”, señaló Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus,un grupo de cabildeo que aboga por políticas en favor de los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, en entrevista con CNN.
Human Rights Watch, que investiga las deportaciones a El Salvador, ha registrado otros casos de deportados cuyas familias no tienen información oficial de su paradero.
“Nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Tanto para Goebertus como para abogados y otras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, estas detenciones no solo violan el debido proceso, sino que las califican de “desapariciones forzadas”.
“Según el derecho internacional, una desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero”, dice HRW.
Robyn Barnard, directora de Defensa de los Refugiados de Human Rights First, una organización que defiende los derechos humanos con sede en Nueva York, señaló que los migrantes que aterrizaron en el Cecot fueron detenidos por ICE, desaparecieron “repentinamente” bajo su custodia y no tuvieron la oportunidad de avisar a sus familiares, de hablar con su abogado o de impugnar las acusaciones.
En el Cecot viven en “las mismas” condiciones que los demás detenidos allí, dijo el director de la prisión, Belarmino García, durante un recorrido exclusivo para CNN a principios de abril.
Están encerrados en celdas comunales que albergan hasta 100 hombres cada una. Las luces permanecen encendidas durante 23 horas y media al día, los siete días de la semana, y los presos duermen en literas metálicas sin colchones ni almohadas.
Ahora que están en El Salvador, no está claro qué recursos legales, si es que hay alguno, tienen esos migrantes: ya no están bajo custodia de Estados Unidos, ni en su país de origen.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que tiene información sobre más de 100 venezolanos que se cree que están detenidos en la megaprisión de El Salvador, donde se enfrentan a posibles violaciones de los derechos humanos.
“El destino y el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños trasladados a El Salvador siguen sin estar claros”, agregó la ONU en un comunicado.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros ha estado en el centro de una creciente controversia política y legal. En un fallo inédito el 6 de mayo, un juez federal dictaminó que el uso de esta amplia autoridad de guerra del siglo XVIII es ilegal.
El DHS acusó a Ricardo Prada de ser miembro del Tren de Aragua y dijo que representa “una amenaza para la seguridad pública” pero no presentó pruebas que demuestren tal afirmación.
Una búsqueda realizada a finales de abril de registros judiciales en Estados Unidos no arrojó resultados sobre alguna causa judicial abierta en contra de Ricardo.
Héctor niega que su hermano sea un criminal y dijo a CNN que lo vincularon a la pandilla venezolana por los tatuajes que tiene: una calavera con una rosa y el nombre de su mamá con una corona en la muñeca.
“Si son terroristas que los condenen y que los metan en la cárcel, pero ¿a personas inocentes vincularlas con una organización tan fuerte solo por tener un tatuaje? Me parece algo exagerado”, señala Héctor Prada.
A finales de abril, el Ministerio Público de Venezuela anunció que inició una investigación por la presunta “desaparición forzada” de Ricardo luego de que las autoridades estadounidenses lo deportaron a El Salvador.
En un comunicado, el ministerio dijo que el fiscal general Tarek William Saab designó a una “fiscalía especializada” con un fiscal “con competencia en derechos humanos quien adelantará las diligencias” del caso.
El Gobierno de Trump insiste en que los tatuajes son prueba de que algunos de los hombres deportados a El Salvador son miembros de pandillas. Sin embargo, expertos aseguraron a CNN que los tatuajes por sí solos no son una prueba contundente que indique la pertenencia a una banda criminal.
Como Héctor, muchos de los familiares de estos detenidos aseguran que no son criminales, y que fueron deportados pese a no tener ninguna vinculación delictiva.
Ferro hizo un llamado al Gobierno de Trump y al Departamento de Seguridad Nacional para que publiquen la lista oficial de las personas que están en el Cecot.
“Para que las familias al menos puedan, dentro de toda la incertidumbre, al menos saber con seguridad dónde están, a dónde fueron enviados. Además del miedo y la desesperación de esta familia, pues se suma el hecho de no saber qué les pasó, porque no tienen confirmación de que estén en El Salvador”, dijo Ferro.
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Con información de Priscilla Alvarez, Michael Rios, Norma Galeana, David Culver, Abel Alvarado, Evelio Contreras, Rachel Clarke, Michael Williams, Devan Cole, Katelyn Polantz e Ivonne Valdés
