División en la Corte Suprema queda plenamente expuesta de cara a la audiencia sobre la ciudadanía por nacimiento
Por Joan Biskupic, CNN
La Corte Suprema, que esta semana escuchará un caso sobre la ciudadanía por nacimiento, ha estado actuando menos como un grupo que busca el consenso y más como nueve jueces aferrados a sus propios intereses.
Se han producido rupturas en litigios derivados del intento del presidente Donald Trump de transformar el gobierno federal y rehacer Estados Unidos. Pero, en términos más amplios, la fragmentación de la Corte se ha evidenciado en las opiniones individuales de los magistrados, su comportamiento en el estrado y sus apariciones públicas. Los jueces también han seguido caminos propios cada vez más marcados en memorias y libros.
Como resultado, es posible que la Corte esté menos inclinada a hablar con una sola voz. En medio del avance hacia un posible enfrentamiento constitucional, los jueces divididos corren el riesgo de parecer otro grupo más de actores políticos, incapaces de enfrentar con firmeza las amenazas al Estado de derecho.
Una y otra vez, jueces de instancias inferiores han concluido que el Gobierno de Trump ha rechazado garantías legales y constitucionales, incluida, como señaló un juez la semana pasada, “que ni ciudadanos ni extranjeros sean privados de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”.
La audiencia del jueves, en el recinto de mármol blanco y pesadas cortinas rojas, ofrecerá los primeros alegatos orales ante la Corte Suprema sobre una iniciativa del segundo mandato de Trump.
El caso sobre la ciudadanía por nacimiento podría convertirse en una plataforma para las agendas individuales de los jueces. Ya, los escritos de “amicus curiae” (amigos de la corte) varían ampliamente, ya que grupos externos —desde académicos constitucionalistas e historiadores legales hasta la Cámara de Comercio y el Centro Legal de Restaurantes— ven el caso como un catalizador para sus respectivos intereses.
Los magistrados no han especificado qué cuestiones legales abordarán, como suele ser habitual. Pero, basándose en la solicitud de intervención de emergencia por parte del Gobierno de Trump y en los escritos presentados hasta el momento, es probable que la Corte se pronuncie sobre un tema procesal importante, más que decidir directamente quién tiene derecho a la ciudadanía.
La cuestión procesal gira en torno al método que los jueces de tribunales inferiores han utilizado para frenar la propuesta de Trump de poner fin a la ciudadanía para cualquier persona nacida en Estados Unidos. (Con una exposición limitada y un calendario acelerado para dictar sentencia, es poco probable que la Corte aborde plenamente la constitucionalidad de eliminar el derecho de nacimiento, que se remonta a 1868 con la ratificación de la 14.ª Enmienda).
El método invocado contra el gobierno de Trump se conoce como “mandato judicial de alcance nacional”, cuando un solo juez de un tribunal de distrito bloquea la aplicación de una medida gubernamental no solo en su jurisdicción, sino en todo el país. Los abogados del Gobierno han instado a los jueces a limitar estas órdenes judiciales para que solo afecten a las partes involucradas en los casos.
Una resolución podría afectar los desafíos a una amplia gama de nuevas políticas presidenciales durante años.
Cuando la Corte Suprema de épocas anteriores enfrentaba confrontaciones con un presidente, los magistrados buscaban la unanimidad. Pero la decisión del año pasado en el caso Trump contra Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial mostró a esta Corte incapaz de alcanzar el tipo de consenso visto en casos históricos sobre la separación de poderes.
Es más, los jueces de la derecha dominante del estrado y los disidentes de la izquierda se han dividido cada vez más. Roberts a menudo se ve frustrado en su intento de compromiso por parte de colegas conservadores como el juez Samuel Alito. Y la jueza liberal Ketanji Brown Jackson no muestra reparos en distanciarse de sus colegas mayores del ala progresista para redactar su propia opinión disidente.
Jackson, quien por ser la jueza más nueva se sienta en el extremo del estrado, a veces ha parecido distante, tanto literal como figuradamente.
En un reciente discurso en una conferencia jurídica en Puerto Rico, Jackson criticó los ataques retóricos contra el poder judicial provenientes del Gobierno, pero también se refirió a la soledad que puede embargar a un juez al enfrentar casos difíciles.
“Conozco esa soledad por mi propio servicio como jueza de distrito en el Distrito de Columbia”, dijo. “Es muy estresante tener que decidir un caso difícil bajo el foco público y la presión. (…) Si a eso se le suma tener que soportar ataques infundados contra tu inteligencia e integridad –provenientes de personas que no tan sutilmente intentan influir en tus decisiones–, a veces se necesita un valor genuino para mantenerse firme y hacer lo que la ley exige”.
Dentro de las propias filas del tribunal, Jackson y Alito han dirigido críticas contundentes hacia sus colegas, aunque en direcciones opuestas.
En una opinión disidente publicada la noche del sábado 19 de abril, Alito expresó su irritación en siete puntos, molesto porque la mayoría había impedido al gobierno deportar rápidamente a un grupo de migrantes en Texas, como lo había hecho con otro grupo enviado a El Salvador en marzo.
Alito, acompañado únicamente por el juez Clarence Thomas, señaló con desaprobación que la solicitud de emergencia de los abogados de los migrantes había llegado “la tarde del Viernes Santo”, y condenó a sus colegas por responder “apresurada y prematuramente… con un respaldo fáctico dudoso” para frustrar al Gobierno.
Aunque el caso sobre la ciudadanía por nacimiento será la primera controversia relacionada con Trump que los jueces tratarán abiertamente en el tribunal, ya han resuelto varias impugnaciones preliminares a iniciativas de su segundo mandato tras bambalinas, basándose únicamente en los escritos presentados.
Todas han resultado en votos divididos, siendo las controversias sobre deportación las más conflictivas. En una disidencia del 7 de abril, en un caso centrado en el intento de Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para detener a migrantes venezolanos y trasladarlos a una prisión en El Salvador, la jueza Sonia Sotomayor condenó al Gobierno y a sus colegas del ala conservadora que aceptaron algunos de sus argumentos.
“La historia no es ajena a regímenes sin ley como estos, pero el sistema legal de esta Nación está diseñado para prevenir, no para permitir, su ascenso”, dijo. “Dado que la Corte no debería premiar los esfuerzos del Gobierno por erosionar el estado de derecho… disiento respetuosamente”. Fue respaldada por Jackson y por la tercera jueza liberal del tribunal, Elena Kagan.
Jackson luego se desmarcó y elevó el tono al hacer referencia a la infame decisión del tribunal en 1944 en el caso Korematsu v. United States, que permitió el internado de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y escribió: “Estamos tan equivocados ahora como lo estuvimos en el pasado, con consecuencias igual de devastadoras. Solo que ahora parece que estamos menos dispuestos a afrontarlo”.
Algunos conservadores no han escatimado en su indignación.
Después de que el tribunal rechazara el 5 de marzo una solicitud de Trump para mantener congelados miles de millones de dólares en ayuda exterior aprobada por el Congreso, Alito escribió que estaba “atónito”. También declaró que el juez de primera instancia que había bloqueado temporalmente la congelación de esos fondos por parte de Trump había incurrido en “un acto de arrogancia judicial”.
A esa disidencia se unieron Thomas y dos de los jueces nombrados por Trump en su primer mandato: Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.
Kavanaugh ha escrito opiniones separadas con el objetivo de minimizar las diferencias ideológicas. Con frecuencia emite opiniones concurrentes para intentar apaciguar al bando perdedor.
A finales de marzo, Kavanaugh se unió a la decisión mayoritaria que respaldó las regulaciones federales sobre la licencia de las llamadas “armas fantasma” —armas construidas a partir de kits pedidos por correo—. Pero luego escribió por separado para expresar su preocupación y, potencialmente, proteger de sanciones a personas y empresas que podrían “tener grandes dificultades para determinar cuándo los kits de piezas de armas o los armazones o receptores sin terminar califican como armas de fuego”, y que, de forma involuntaria, podrían enfrentar duras penas.
Esa declaración de Kavanaugh llevó a Sotomayor a responder con su propia opinión concurrente en solitario: “Esa preocupación no tiene fundamento. Durante más de medio siglo, los comerciantes, fabricantes e importadores de armas de fuego han cumplido con los requisitos de la Ley de Control de Armas. (…) Lo que es nuevo es que algunos fabricantes han intentado eludir los requisitos de la ley vendiendo kits y armazones de fácil ensamblaje, alegando que quedan fuera del alcance del estatuto. (…) La Ley de Control de Armas no tolera tal evasión”.
Kavanaugh, quien durante sus audiencias de confirmación en 2018 insistió en que era “un jugador de equipo en un equipo de nueve”, había sido en años anteriores un socio más cercano de Roberts en la búsqueda de compromisos al centro del tribunal.
Sin embargo, en casos recientes, la jueza Amy Coney Barrett, tercera designada por Trump, ha mostrado mayor inclinación a moverse hacia el centro.
De los nueve jueces, Roberts y Kagan son los menos propensos a escribir opiniones separadas para darle un matiz adicional a una decisión mayoritaria. Aunque son opuestos ideológicamente y políticamente, comparten una mentalidad institucional.
Kagan, eso sí, no oculta sus posturas durante los alegatos orales. En una disputa en abril sobre la validez de un grupo de trabajo que recomienda servicios de salud preventiva en virtud del Obamacare, aludió al patrón más amplio de la mayoría conservadora de limitar el poder de paneles independientes.
“No andamos por ahí simplemente creando agencias independientes”, bromeó. “Más bien, destruimos agencias independientes”.
La integrante más singular del tribunal sigue siendo Barrett, quien tiene un historial mayoritariamente conservador, pero que se ha apartado de sus colegas en suficientes ocasiones como para provocar la gran ira de los sectores más duros del trumpismo.
Es posible que ella haya impulsado la audiencia especial del jueves sobre el caso de ciudadanía por nacimiento. Cuando se distanció de otros jueces conservadores que desecharon sumariamente la orden de un juez de distrito de EE.UU. en el caso de los migrantes venezolanos a principios de abril, Barrett se unió a una parte de la disidencia de Sotomayor que criticaba a la mayoría por llegar a su conclusión “sin alegatos orales, sin el beneficio de una maduración del caso en tribunales inferiores, y con apenas unos días de deliberación basada en escritos mínimos”.
Es probable que Barrett ofrezca al público una visión más clara de su forma de operar en septiembre, cuando publicará un libro sobre su vida y su enfoque del derecho. (El año pasado, Jackson publicó sus memorias tituladas Lovely One, y Kavanaugh tiene previsto publicar sus propias memorias judiciales el próximo año. Thomas, Sotomayor y Gorsuch ya han escrito libros y memorias con anterioridad).
Según los materiales promocionales de Listening to the Law: Reflections on the Court and Constitution (Escuchando la ley: Reflexiones sobre la Corte y la Constitución), el libro de Barrett responderá preguntas como: “¿Cómo se ha adaptado a la Corte? ¿Qué significa ser jueza de la Corte Suprema con hijos en edad escolar? ¿Cómo llegan los casos a la Corte? ¿Cómo se deciden?”
Y, en una pregunta final crucial para quienes siguen de cerca al tribunal, los materiales concluyen: “¿Cómo decide ella?”
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