Human Rights Watch denuncia “asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias” en Venezuela tras elecciones
Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que “asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias” se cometieron en Venezuela después de las elecciones de 2024, en un informe publicado este miércoles instando a otros gobiernos a apoyar los esfuerzos para garantizar la responsabilidad de “los perpetradores de violaciones de derechos humanos”.
La organización de derechos humanos indicó que recibió “información creíble sobre 25 asesinatos” que ocurrieron durante las protestas posteriores a las elecciones, la mayoría de ellos “menores de 40 años y de barrios de bajos ingresos”.
CNN solicitó comentarios al Gobierno venezolano respecto al informe y está a la espera de una respuesta. Maduro ha negado previamente que las fuerzas de seguridad del estado sean responsables de asesinatos en el contexto de protestas electorales y ha atribuido, sin evidencia, esas muertes a grupos de oposición que reciben apoyo de Estados Unidos, que a su vez también responsabiliza al gobierno.
HRW, que afirmó haber entrevistado a 101 individuos, incluidos víctimas y sus familias, testigos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras fuentes locales, dijo haber reunido evidencia creíble que implica a las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos, mientras que en otros la responsabilidad recaería en los “colectivos”, grupos armados afines al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El informe señala que las autoridades declararon a Maduro ganador “a pesar de las fuertes evidencias en contrario”. Maduro siempre ha defendido su controvertida victoria electoral. Venezuela volverá a votar en menos de un mes, cuando se celebren elecciones regionales y parlamentarias.
Según el documento, el gobierno de Maduro respondió a las protestas poselectorales con la implementación de la llamada Operación Tun Tun, “un esfuerzo por intimidar, acosar y reprimir a críticos y manifestantes en todo el país, especialmente en áreas de bajos ingresos”.
El gobierno venezolano “ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido a personas que abogaban por la democracia en Venezuela”, acusó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, en un comunicado.
El informe sostiene que desde la votación en julio, más de 2.000 personas vinculadas a las protestas o involucradas en actividades de oposición y defensa de derechos humanos han sido detenidas, y cientos han sido acusadas de delitos como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo, que pueden acarrear penas de hasta 30 años de prisión.
“Las personas detenidas han enfrentado procesos plagados de abusos”, enfatiza HRW, que alega que las autoridades han negado repetidamente la detención de personas que estaban encarceladas o se han negado a proporcionar información sobre su paradero a los familiares, entre varias otras violaciones del debido proceso.
Maduro afirmó en agosto que más de 2.000 personas fueron detenidas en las protestas poselectorales; más de 140 de ellas eran menores, según la organización Foro Penal. En noviembre, el fiscal general Tarek William Saab dijo a CNN que 225 personas habían sido liberadas después de que el presidente mencionara posibles “errores procesales”. En marzo, la fiscalía declaró que había liberado a más de 2.000 personas a finales de febrero.
HRW instó a la comunidad internacional a imponer sanciones y apoyar el trabajo de la Corte Penal Internacional —que está investigando posibles crímenes de lesa humanidad en el país— y de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y con un mandato renovado hasta octubre de 2026.
El informe afirma que los esfuerzos locales e internacionales “han fallado en alterar los incentivos internos del régimen de Maduro, que recompensan a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para garantizar su lealtad, mientras castigan, torturan y obligan a los críticos, opositores e incluso a miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos al exilio”.
Según la organización, para desmantelar estos incentivos, los gobiernos extranjeros “deberían apoyar plenamente los esfuerzos para garantizar la responsabilidad de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.
“La comunidad internacional debería reafirmar su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela y presionar para que el gobierno de Maduro rinda cuentas por las atrocidades que ha cometido”, instó Goebertus.
El informe también señala que los países deberían “explorar formas de limitar la asistencia gubernamental extranjera a la represión en Venezuela”.
También llama al gobierno de EE. UU. a restaurar las fuentes de asistencia económica a las organizaciones de la sociedad civil venezolana, periodistas independientes y otros que defienden la democracia y los derechos humanos.
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