Gobierno de Trump recorta otros US$ 450 millones en subvenciones a Harvard y se suman a los US$ 2.200 millones ya congelados
Por Andy Rose y Michelle Krupa, CNN
El Gobierno de Trump recortó otros US$ 450 millones en subvenciones federales a la Universidad de Harvard —además de los US$ 2.200 millones que ya fueron cancelados— aumentando aún más la presión ideológica sobre la universidad más antigua y rica de Estados Unidos, en medio de una batalla más amplia por el control de los campus universitarios.
“Ocho agencias federales de todo el gobierno anuncian la cancelación de aproximadamente US$ 450 millones en subvenciones a Harvard, que se suman a los US$ 2.200 millones que habían sido cancelados” previamente, dijo este martes el Grupo de Trabajo Conjunto de la Casa Blanca para Combatir el Antisemitismo, en un comunicado que calificó al campus de Harvard como “un caldo de cultivo para la falsa moral y la discriminación”.
“Hay un problema grave en el campus de Harvard, y al priorizar la complacencia en lugar de la responsabilidad, los líderes institucionales han renunciado al derecho de la universidad a recibir fondos de los contribuyentes”, decía el comunicado firmado por abogados del Departamento de Educación y del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Harvard no respondió de inmediato a la última declaración de la Casa Blanca. El grupo de trabajo del gobierno tampoco respondió a las solicitudes de información sobre qué agencias están congelando los fondos, y en su lugar remitió a CNN al comunicado de los abogados.
Harvard es el objetivo más grande —pero no el único— en la ofensiva del Gobierno de Trump contra instituciones educativas de élite, debido a una larga lista de quejas, como iniciativas de diversidad, controles financieros y la admisión de estudiantes internacionales. Universidades como Columbia y Ohio State —la alma mater del vicepresidente J. D. Vance— también han perdido fondos federales, incluso después de ceder ante algunas de las demandas del gobierno.
El primer congelamiento de fondos a Harvard se anunció el mismo día que la universidad informó que no aceptaría varios cambios exigidos por el gobierno en una carta del 11 de abril, entre ellos “reformas en la gobernanza y liderazgo” y una auditoría sobre la “diversidad de puntos de vista” entre estudiantes y empleados.
Una semana después, Harvard demandó al Gobierno de Trump, argumentando ante un juez que el gobierno intentaba “usar la retención de fondos federales como palanca para tomar control de las decisiones académicas en Harvard”.
“La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”, dijo el presidente de Harvard, Alan Garber. “Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada puede permitir que el gobierno federal la tome por la fuerza”.
Ambas partes están programadas para presentar argumentos orales en julio, y es probable que los fondos permanezcan congelados hasta entonces.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo el mes pasado a CNBC que la carta inicial del gobierno tenía la intención de abrir una negociación, no de ser una demanda final.
Garber escribió otra carta a McMahon el lunes, en la que afirma que podría haber “puntos en común” entre la universidad y la administración, pero advirtió que los esfuerzos están siendo “socavados y amenazados por el exceso del gobierno federal”.
Además de perder los fondos prometidos, Harvard enfrenta múltiples investigaciones por parte del Gobierno de Trump, que la acusa de posibles violaciones de derechos civiles por su gestión de protestas en favor de Palestina el año pasado y supuesta discriminación por parte de la influyente Harvard Law Review.
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo inició una investigación el mes pasado, según reportó The Wall Street Journal, que cita los esfuerzos de Harvard por diversificar su profesorado y otorgar becas a “minorías subrepresentadas” como posibles violaciones de derechos civiles contra personas blancas, asiáticas, hombres y heterosexuales.
Harvard no respondió directamente a esas acusaciones, pero al ser consultado por CNN, un portavoz remitió a un fragmento de la carta de Garber a McMahon:
“Buscamos a los mejores educadores, investigadores y académicos”, escribió Garber. “No tenemos cuotas, ya sea por raza, etnia o cualquier otra característica. No aplicamos filtros ideológicos. No usamos declaraciones de diversidad, equidad e inclusión como criterio en nuestras decisiones de contratación”.
La investigación se inició por Andrea Lucas, una comisionada republicana que actualmente preside el organismo, según informó el Journal.
“Según la ley federal, la Comisión no puede confirmar ni negar la existencia de una investigación”, dijo la vocera Brandalyn Bickner a CNN este martes.
Los comisionados pueden “ordenar” el inicio de una investigación de manera independiente, sin necesidad del consentimiento de los demás comisionados.
Lucas y la demócrata Kalpana Kotagal son los únicos miembros que quedan en la comisión después de que el presidente Trump despidiera a dos demócratas, Charlotte Burrows y Jocelyn Samuels, en enero.
“Removerme a mí y a la comisionada Samuels antes del fin de nuestros mandatos es un hecho sin precedentes y debilita el trabajo de esta agencia independiente para proteger a los trabajadores de la discriminación”, dijo Burrows en un comunicado.
Samuels demandó al Gobierno de Trump el mes pasado para que un juez restituya su puesto en la comisión. El caso sigue en curso.
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Jamie Gumbrecht, de CNN, contribuyó a este reporte
