Acusan a familia estadounidense de importar petróleo ilegal desde México y lavado de dinero, ellos niegan los cargos
Por Karol Suárez, CNN en Español
Una familia estadounidense enfrenta cargos federales por presuntamente liderar una red de importación ilegal de petróleo crudo desde México a Estados Unidos, utilizando su empresa y documentos falsificados para evadir controles aduaneros, según documentos judiciales revisados por CNN.
La acusación, presentada por el Departamento de Justicia en el Distrito Sur de Texas, señala a James Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y sus hijos Maxwell y Zachary Jensen como responsables de una conspiración que presuntamente operó entre mayo de 2022 y abril de 2024.
Según la acusación de la fiscalía, los Jensen utilizaron su compañía Arroyo Terminals LLC para importar crudo sin la debida autorización, haciendo pasar el producto como “residuos de aceites lubricantes” y “destilados de petróleo” cuando en realidad “sabían los demandados que dicha mercancía importada contenía petróleo crudo”.
Para lograrlo, agrega la acusación, utilizaron documentos falsos como facturas y declaraciones.
Según el documento, la familia Jensen habría realizado más de 2.880 envíos de petróleo crudo de forma fraudulenta a Estados Unidos. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar la obligación de pagar una suma equivalente al valor del crudo presuntamente importado ilegalmente, lo cual asciende a cerca de US$ 300 millones.
En una moción judicial presentada en Utah contra Kelly Jensen, el Departamento de Justicia dijo que presuntamente más de US$ 47 millones fueron transferidos desde empresas de los Jensen hacia negocios en México, y que mantienen relaciones con decenas de residentes de ese país.
Los fiscales también acusan a los Jensen de conspirar como familia para lavar las ganancias obtenidas por la importación ilícita. Kelly Jensen habría coordinado los movimientos financieros junto a su esposo e hijos.
Según la moción registrada en Utah, los pagos derivados de la venta del crudo ilegal fueron dirigidos a empresas mexicanas que “solo operan con el permiso de organizaciones criminales mexicanas”, aunque no se menciona el nombre de ningún grupo específico ni de ninguna empresa mexicana.
Los hermanos Jensen fueron detenidos tras un allanamiento a la empresa Arroyo Terminals en Rio Hondo, en la zona metropolitana de Brownsville, Texas.
Tras pasar un fin de semana en prisión, los hermanos Jensen se declararon inocentes de los cargos el martes, según el portal de noticias Valley Central. El abogado Robert Guerra, quien representa a Maxwell, declinó hacer comentarios tras la lectura de cargos. “Vamos a dejar que el proceso siga su curso”, dijo Guerra a Valley Central.
Según la orden de detención emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Texas contra Maxwell Sterling Jensen, el juez determinó que el acusado debía permanecer en custodia sin derecho a fianza por representar un riesgo significativo de fuga.
El juez fijó una fianza de US$ 100.000 para Zachary, con un depósito en efectivo de US$ 10.000. Mientras esté en libertad bajo fianza, Zachary deberá permanecer en su domicilio en Utah y someterse a monitoreo por GPS.
Dustin B. Pead, magistrado principal del Distrito de Utah, dejó en libertad a James y Kelly Jensen sin imponerles fianza.
El abogado de Kelly Jensen dijo a CNN que Jensen es una madre dedicada y un pilar de su comunidad, con una reputación impecable. “Defenderemos enérgicamente las acusaciones del Gobierno en su contra”, agregó. CNN solicitó comentarios a los abogados del resto de la familia Jensen y aún no ha recibido una respuesta.
En 2011, Petróleos Mexicanos (Pemex) demandó en una corte federal de Texas a James Jensen, su empresa Big Star Gathering y otras compañías, acusándolos de formar parte de una red que compraba condensado robado a grupos del crimen organizado en México.
Según la demanda de la empresa del Estado mexicano, Jensen viajaba a ese país para negociar directamente las compras con intermediarios vinculados a cárteles, y el crudo era trasladado a Estados Unidos usando documentos falsos y métodos encubiertos.
“Pemex ha perdido grandes cantidades de su condensado, en ocasiones acercándose al 40% de la producción del campo Burgos. Desde 2006, se robaron más de US$ 300 millones en condensado”, indica la demanda.
Tras dos años de litigio, Pemex retiró la demanda contra Jensen en 2013.
En un comunicado emitido el primero de mayo, el Departamento del Tesoro advierte que el robo y contrabando de combustible, conocido en México como huachicol, se ha convertido en la fuente de ingresos no relacionada con drogas más significativa para los cárteles mexicanos.
“Los ladrones en México conocidos como huachicoleros utilizan diversos métodos para robar combustible y petróleo crudo de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), principalmente mediante el soborno a empleados corruptos de Pemex, perforaciones ilegales en los ductos, robos en refinerías, secuestro de camiones cisterna y amenazas a trabajadores de la empresa”, según dice el comunicado.
El Tesoro agrega que el combustible robado se vende en el mercado negro en México, Estados Unidos y Centroamérica. “El petróleo crudo robado se introduce de contrabando en Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos cómplices y, con frecuencia, se etiqueta falsamente como ‘aceite residual’ u otro material peligroso para evadir la supervisión, los impuestos y las regulaciones”, indica.
Añade que luego ese crudo es entregado a importadores estadounidenses en la industria del petróleo y gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos, quienes lo venden con un gran descuento en los mercados energéticos nacionales y globales, antes de repatriar las ganancias ilícitas sustanciales a los cárteles en México.
El Tesoro estima que estas prácticas han causado pérdidas multimillonarias al Gobierno mexicano, al tiempo que fortalecen la capacidad financiera y operativa de los grupos delictivos que también trafican drogas y armas en la región.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en mayo, a tres ciudadanos mexicanos y dos empresas con sede en México por su presunta participación en una red de tráfico de drogas y robo de combustible vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según el comunicado, esta red genera cientos de millones de dólares al año en beneficio del CJNG, a través de diversas actividades delictivas, incluido el tráfico de fentanilo, el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo robado desde México a través de la frontera suroeste.
“El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son fuentes de ingresos clave para la estructura narcoterrorista del CJNG, ya que proporcionan flujos lucrativos que permiten al grupo sembrar el caos en México y en Estados Unidos”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“El Departamento del Tesoro, como parte del esfuerzo integral del gobierno, continuará utilizando todas las herramientas disponibles para atacar implacablemente a los cárteles de la droga y a las organizaciones terroristas extranjeras para hacer EE.UU. seguro nuevamente”, agregó.
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