El incidente con el senador demócrata Alex Padilla muestra una tendencia en aumento del Gobierno de Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

Cuando el Departamento de Justicia de Trump tomó la medida extraordinaria de arrestar a una jueza local hace siete semanas, muchos temieron lo que eso podría significar.

El caso de la jueza de Milwaukee, Hannah Dugan, se desarrollará en las próximas semanas y meses —ella se ha declarado inocente de obstruir el arresto de un inmigrante indocumentado—, pero arrestar a jueces y funcionarios públicos no es algo que deba tomarse a la ligera. Los críticos advirtieron sobre el efecto intimidatorio que podría generar y el precedente que sentaría.

Prácticamente nada en las últimas siete semanas ha calmado esos temores.

El fervor por arrestar a funcionarios públicos que se enfrentan al Gobierno de Trump no parece estar desapareciendo.

Desde el arresto de Dugan:

• El Departamento de Justicia ha presentado cargos penales contra una alcaldesa de una gran ciudad y una congresista demócrata.
• Un congresista republicano propuso arrestar a 100 jueces más que fallaron en contra del presidente Donald Trump.
• A principios de esta semana, Trump sugirió arrestar al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.
• Y solo este jueves, un congresista republicano abogó por presentar cargos penales contra tres gobernadores demócratas, mientras que el senador demócrata Alex Padilla, de California, fue esposado tras interrumpir una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Algunos simpatizantes del Gobierno de Trump (conocidos como movimiento MAGA, “Make America Great Again”) ahora presionan para que se presenten cargos contra Padilla, aunque no hay indicios de que eso ocurra.

Casi todas estas situaciones involucraron a funcionarios del lado opuesto a la ofensiva migratoria de Trump.

Como en el caso de Dugan, es importante considerar los matices de estas situaciones. Por ejemplo, aún hay mucho por saber sobre el caso de Padilla y su esposamiento.

Su oficina dijo que solo intentaba hacerle una pregunta a Noem, mientras que la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que “se abalanzó hacia la secretaria Noem”. (Existen videos —de varias fuentes y ángulos— para que la gente saque sus propias conclusiones).

Tampoco está claro si quienes lo esposaron sabían quién era. Padilla se identificó en un momento como senador de EE.UU. McLaughlin dijo que Padilla no llevaba su pin de seguridad del Senado y que el Servicio Secreto “pensó que era un atacante”. Noem dijo: “Nadie sabía quién era”.

Padilla dijo a los periodistas después del incidente que no fue arrestado.

Sin embargo, otros casos de detención —o amenazas de ello— apuntan más claramente a intentos entusiastas de perseguir penalmente al otro bando. Y el conjunto de estos casos ciertamente pinta un panorama.

Por ejemplo, el representante republicano Clay Higgins, de Louisiana, habló de arrestar a 1 de cada 18 jueces federales en Estados Unidos, aparentemente por el “delito” de fallar en contra de Trump. (Los republicanos han afirmado que estos jueces están llevando a cabo un “golpe judicial” contra el presidente).

El jueves, el representante Gary Palmer, de Alabama, propuso arrestar a los gobernadores Tim Walz (Minnesota), J. B. Pritzker (Illinois) y Kathy Hochul (Nueva York) por presunta obstrucción de la justicia debido a las políticas de “ciudades santuario” en sus estados. Lo hizo a pesar de que los tribunales generalmente han respaldado esas políticas.

“Y deberían presentarse cargos por obstrucción contra cada uno de ustedes por hacer esto”, dijo Palmer. “Dejaré eso en manos del Departamento de Justicia”.

(Palmer retiró sus comentarios del acta después de que la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, argumentara que estaba intimidando a los testigos).

La justificación de Trump para sugerir el arresto de Newsom fue aún menos sólida, diciendo que “su principal delito es postularse para gobernador, porque ha hecho un trabajo tan malo”.

Y al menos en un caso, el Departamento de Justicia ya dio marcha atrás. Tras acusar al alcalde demócrata de Newark, Ras Baraka, por sus acciones en un centro de detención de ICE el mes pasado, retiró los cargos.

Eso fue seguido por una reprimenda de un juez que es bastante relevante para este momento.

El juez magistrado le dijo a la fiscal interina de EE.UU. para Nueva Jersey, Alina Habba, que fue “un error preocupante de su oficina” y sugirió que involucraba “agendas políticas”.

“Un arresto, especialmente de una figura pública, no es una herramienta preliminar de investigación”, dijo el juez, calificándolo de “una acción grave, con importantes consecuencias personales y de reputación”.

Tales preocupaciones no parecen tener peso en la administración de Trump ni en el movimiento MAGA. El arresto de la jueza en Milwaukee solo ha precedido a más arrestos, incluyendo el de la representante demócrata LaMonica McIver, de Nueva Jersey, quien fue acusada por los mismos hechos en los que estuvo involucrado Baraka. La acusación sostiene que ella impidió e interfirió con agentes migratorios fuera del centro de detención.

Algunos analistas legales han cuestionado la solidez de ese caso, mientras que McIver ha rechazado las acusaciones por infundadas y defendido su presencia en el lugar como parte de su función autorizada como miembro del Congreso. Su abogado calificó la acusación como “represalia política contra una servidora pública dedicada”.

En este punto, muchos del movimiento MAGA dirán: bueno, los demócratas empezaron. Es cierto que Trump fue acusado penalmente al menos cuatro veces en los últimos años.

Pero el único caso penal que realmente llegó a una conclusión resultó en una condena.

Y el fondo de sus acusaciones federales eran asuntos que incluso muchos republicanos criticaron a Trump. Un número histórico de senadores republicanos votó para condenar a Trump en relación con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y su propio exsecretario de Justicia, William Barr, dijo repetidamente que la acusación por documentos clasificados era “totalmente responsabilidad suya”.

En otras palabras, se trataba de casos serios relacionados con intentar revertir una elección democrática y proteger secretos nacionales.

Lo que vemos hoy es una aplicación mucho más ligera del concepto de presentar cargos penales contra funcionarios públicos. Y el hecho de que los ejemplos sigan acumulándose sugiere que hemos llegado a un punto de inflexión.

Y eso es independiente de lo que haya ocurrido con Padilla.

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