Cómo el caso de Kilmar Ábrego García se convirtió en un punto de conflicto político
Por Priscilla Alvarez y Kaanita Iyer, CNN
El caso de Kilmar Ábrego García comenzó discretamente, reduciéndose a un error administrativo que lo elevó en la lista para abordar un vuelo de deportación con destino a El Salvador en marzo. Posteriormente, un documento judicial del Departamento de Justicia de Trump que reconocía el error lo puso en el primer plano nacional, culminando en una tensa batalla legal y un acalorado debate político.
Este viernes, la administración Trump anunció que Ábrego García, ciudadano salvadoreño que residió en Maryland hasta que fue deportado por error a su país de origen, llegó a Estados Unidos y enfrenta cargos penales. Fue un acontecimiento extraordinario en un caso que ha llegado a definir las políticas migratorias de línea dura del presidente y un sorprendente cambio de postura de la administración Trump, que había mantenido que no regresaría a Estados Unidos.
Al inicio de la batalla legal, hace casi tres meses, ambas partes coincidieron en que la deportación de Ábrego García a El Salvador –y su posterior encarcelamiento en la infame megaprisión del país– fue un error. En 2019, un juez de inmigración le otorgó a Ábrego García la suspensión de la deportación, lo que significa que no podía ser deportado a El Salvador por temor a persecución.
Un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) calificó su deportación como un “error administrativo” en una declaración judicial emitida en marzo, lo que aparentemente marca la primera vez que el Ggobierno admitía un error en los controvertidos vuelos a El Salvador que resultaron en la detención de cientos de migrantes en la prisión CECOT.
Sin embargo, funcionarios de la administración Trump abandonaron públicamente esa postura y calificaron a Ábrego García de “terrorista”, alegando que es miembro de la MS-13, organización que Estados Unidos ha designado como terrorista. Sus abogados y familiares sostienen que no era miembro de la MS-13 y han argumentado que aún tiene derecho al debido proceso.
Así se desarrolló el caso de Ábrego García en los últimos meses.
Ábrego García, quien llegó a Estados Unidos ilegalmente en 2012, tuvo su primer encuentro con las autoridades migratorias en 2019 tras ser arrestado. En ese momento, el Ggobierno argumentó de forma similar que Ábrego García era pandillero, mientras que él argumentó su temor a un posible regreso a El Salvador.
El juez de inmigración que presidía el caso falló a favor de Ábrego García y dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador.
Años después, el 12 de marzo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Ábrego García y lo arrestó, mientras la administración Trump continuaba con su agresiva ofensiva contra la inmigración.
Tres días después, Ábrego García fue embarcado por error en un vuelo de deportación y enviado a CECOT.
La administración Trump tardó semanas en admitir que deportó por error al residente de Maryland a El Salvador “debido a un error administrativo”. Sin embargo, si bien reconoció el error, la administración declaró en documentos judiciales el 31 de marzo que no podía devolverlo porque se encontraba bajo custodia salvadoreña.
Más tarde esa semana, la jueza Paula Xinis, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Maryland, ordenó a la administración Trump el regreso de Ábrego García a Estados Unidos, iniciando una batalla legal de meses en la que la administración Trump ha argumentado que los tribunales no pueden intervenir en la toma de decisiones de política exterior de Estados Unidos.
En su orden del 4 de abril, Xinis fijó el 7 de abril como fecha límite para el regreso de Ábrego García, pero la Corte Suprema suspendió el plazo. Días después, la Corte Suprema dictaminó que la administración Trump debía “facilitar” el regreso de Ábrego García, pero no llegó a exigir al Gobierno su regreso.
En las últimas semanas, Xinis ha acusado al Gobierno de Trump de obstruccionismo constante e incumplimiento intencional de su obligación de proporcionar información sobre cómo ha facilitado el regreso de Ábrego García.
En una entrevista con ABC News en abril, el presidente Donald Trump reconoció que podía lograr el regreso de Ábrego García, contradiciendo declaraciones previas suyas y de sus principales asesores, quienes dijeron que Estados Unidos no tenía la capacidad de devolver a Ábrego García porque se encontraba bajo custodia de un Gobierno extranjero.
Cuando Terry Moran, de ABC, le preguntó por qué no podía simplemente llamar y asegurar el regreso de Ábrego García, Trump respondió: “Y si fuera el caballero que usted dice que es, lo haría. Pero no lo es”. El presidente continuó acusando a Ábrego García de ser miembro de la MS-13, señalando sus tatuajes, que, según los expertos, no constituyen por sí mismos una prueba de que sea miembro de una pandilla.
Y pocos días después, la Casa Blanca y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dejaron claro durante una reunión en el Despacho Oval que Ábrego García no sería devuelto a Estados Unidos.
Los legisladores demócratas han criticado cómo la administración Trump manejó el caso de Ábrego García y continuaron pidiendo su regreso.
El senador demócrata Chris Van Hollen, de Maryland, viajó a El Salvador para reunirse con su elector. Tras no permitírsele reunirse inicialmente, Van Hollen se reunió con Ábrego García el 17 de abril y, en una conferencia de prensa al día siguiente, el senador declaró que Ábrego García le había confesado estar traumatizado.
“Dijo que no tenía miedo de los demás presos en su celda, pero que estaba traumatizado por estar en CECOT y temeroso de muchos de los presos en otros bloques de celdas que lo llamaban y se burlaban de él de diversas maneras”, declaró Van Hollen.
Van Hollen añadió que Ábrego García fue trasladado una semana antes de la prisión de máxima seguridad a otro centro de detención donde “las condiciones son mejores”.
La administración Trump criticó duramente la visita del senador, alegando que los demócratas y los medios de comunicación habían presentado una imagen demasiado optimista de Ábrego García.
Mientras tanto, el Gobierno continuó presentándolo como un criminal violento y peligroso, publicando documentos previamente no compartidos, derivados de dos interacciones que Ábrego García tuvo con las fuerzas del orden y el sistema judicial: un arresto en 2019 que no resultó en cargos ni condena, pero sí en su detención por parte de funcionarios de inmigración, y una orden de protección que su esposa presentó en 2021 en su contra alegando violencia doméstica, la cual posteriormente decidió no proseguir tras decir que la pareja había resuelto sus problemas.
Fuentes informaron a CNN a finales de abril que el secretario de Estado, Marco Rubio, se comunicó con Bukele sobre la detención de Ábrego García.
Un funcionario estadounidense declaró a CNN que la administración Trump estaba trabajando estrechamente con El Salvador y solicitó el regreso de Ábrego García, pero insistió en que Bukele había dejado claro que no lo devolvería a Estados Unidos.
A principios de mayo, las autoridades estatales de Tennessee publicaron un video de una parada de tráfico en noviembre de 2022 que involucraba a Ábrego García. Este incidente, según las autoridades estadounidenses, respalda sus afirmaciones de que Ábrego García era miembro de la MS-13 y estaba involucrado en la trata de personas.
El video muestra a Ábrego García siendo detenido por exceso de velocidad. Al preguntarle por los demás pasajeros en el auto, Ábrego García le dice al agente que él y los demás son trabajadores que regresan de un proyecto de construcción en St. Louis, Missouri.
Cuando el agente le pide sus documentos, Ábrego García explica en el video que su licencia de conducir está vencida y que está esperando los documentos de inmigración para renovarla. Le dice al agente que el vehículo, con matrícula de Texas, pertenece a su jefe.
El agente registra el auto con un perro policía. No parecen encontrar nada sospechoso, según el video.
Ábrego García no fue detenido durante la parada y no se presentaron cargos.
Casi tres meses después de su deportación, Ábrego García regresó este viernes a Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales.
Ábrego García ha sido acusado formalmente de dos cargos penales en el Distrito Medio de Tennessee: conspiración para transportar ilegalmente a extranjeros sin documentos con fines de lucro y transporte ilegal de extranjeros sin documentos con fines de lucro.
Funcionarios de la administración Trump señalaron los cargos como una justificación para expulsar a Ábrego García de Estados Unidos.
Mientras tanto, Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego García, acusó a la administración Trump de manipular el sistema legal y dijo que su cliente debería comparecer ante un tribunal de inmigración, no ante un tribunal penal.
“El Gobierno hizo desaparecer a Kilmar y lo envió a una prisión extranjera, violando una orden judicial. Ahora, tras meses de demora y secretismo, lo traen de regreso, no para corregir su error, sino para procesarlo. Esto demuestra que siempre estuvieron manipulando a la corte”, declaró Sandoval-Moshenberg a CNN. “El debido proceso significa la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después. Esto es un abuso de poder, no justicia”.
Ábrego García permanecerá detenido durante al menos una semana, seguida de una audiencia de lectura de cargos y detención, informó Associated Press.
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