Una semana tumultuosa en Los Ángeles ilustra el costo humano de la represión migratoria más agresiva del Gobierno de Trump
Por Ray Sánchez, Priscilla Álvarez y Natasha Chen, CNN
Días antes de que las redadas de inmigración desencadenaran protestas a veces violentas y el despliegue de tropas estadounidenses en Los Ángeles, Nancy Raquel Chirinos Medina dijo que su esposo recibió un mensaje de texto “extraño”.
El mensaje del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) le había ordenado al padre de sus dos hijos, y uno en camino, que se dirigiera a un edificio federal en el centro de la ciudad con su familia.
“Nos sorprendió mucho, sobre todo porque decía que toda la familia tenía que estar allí… Fue extraño”, recordó Chirinos Medina, solicitante de asilo de Honduras, junto con su esposo. Se reportaban rutinariamente con el ICE, dijo, pero su siguiente cita no era hasta septiembre.
Chirinos Medina, quien tiene nueve semanas de embarazo, junto con su esposo, su hijo de ocho años y su hijo pequeño nacido en Estados Unidos, se encontraron entre las casi 20 familias inmigrantes detenidas por el ICE durante horas en ese edificio federal de Los Ángeles el primer miércoles de junio. Hubo pocas respuestas sobre lo que estaba sucediendo, y esa noche su esposo fue arrestado y posteriormente trasladado a un centro de detención del ICE para enfrentar la deportación.
“¿Papá no va a volver?”, le preguntó su hijo pequeño a Chirinos Medina esa noche. Lloró durante todo el viaje de 90 minutos de regreso a su casa en Lancaster, una ciudad al norte del condado de Los Ángeles.
“Entramos una familia de cuatro y solo salimos tres”, dijo Chirinos Medina, quien, con su esposo y su hijo, llegó a Estados Unidos hace cuatro años. Están en proceso de apelar la decisión de un tribunal de inmigración que denegó su solicitud de asilo.
Su esposo, Randal Isaías Bonilla Mejía, no ha regresado a casa. Una orden judicial prohíbe su deportación hasta que se resuelva la solicitud de asilo de la familia.
Los acontecimientos que se desarrollaron ese miércoles y los días siguientes ilustran el costo humano de los métodos más agresivos que ha adoptado el Gobierno de Trump para detener a los migrantes en Estados Unidos, tomando bajo custodia a quienes llegan para controles de rutina, al tiempo que realizan redadas en lugares de trabajo que han desatado olas de miedo en el sur de California y más allá.
La semana pasada se impuso un toque de queda en algunas partes del centro de Los Ángeles después de intensas protestas el fin de semana frente al mismo complejo de edificios gubernamentales donde fue detenido el marido de Chirinos Medina.
En todo el país, los manifestantes han tomado las calles, con cientos de protestas el sábado como parte del movimiento “No Kings” que, según los organizadores, busca rechazar el autoritarismo, la política que prioriza a los multimillonarios y la militarización de la democracia. Esta semana turbulenta también refleja el complejo panorama de la inmigración en Estados Unidos y las controvertidas medidas de control que influyen en la percepción pública.
“Estas son tácticas que no hemos visto antes a esta escala”, dijo Amada Armenta, profesora asociada de planificación urbana de UCLA que se especializa en la aplicación de leyes migratorias.
“Llegan con máscaras. No se identifican”, dijo sobre los agentes del ICE fuertemente armados, con equipo táctico y vehículos blindados, que realizan las redadas. “Agarran a la gente indiscriminadamente, los meten en camionetas y luego no les permiten ver a sus abogados. A veces los deportan rápidamente antes de que puedan conseguir un abogado, o los trasladan a otros estados donde les resulta difícil acceder a apoyo”.
ICE no ha respondido a la solicitud de CNN de comentarios sobre el aumento de la aplicación de la ley.
En declaraciones de la semana pasada, un portavoz del ICE dijo que la agencia “arrestó a extranjeros que cometieron delitos y a otras personas que violaron las leyes de inmigración de nuestra nación” y “toma muy en serio su mandato de cuidar a las personas bajo su custodia con dignidad y como lo exige la ley”.
Las deportaciones arrasan con las industrias que dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes. Este tipo de casos han aumentado en las últimas semanas en medio de un esfuerzo por cumplir con las demandas de la Casa Blanca de aumentar los arrestos diarios.
En un cambio radical, el Gobierno de Trump ordenó al ICE reducir las redadas y arrestos en granjas, restaurantes y hoteles, sectores que dependen de la mano de obra inmigrante, según un correo electrónico interno y tres funcionarios con conocimiento de la guía, citados por The New York Times este viernes. Los agentes deberían abstenerse de arrestar a “infractores no delictivos”, es decir, a personas indocumentadas sin antecedentes penales, según la guía.
Los inmigrantes indocumentados representan entre el 4 % y el 5 % de la fuerza laboral total de Estados Unidos, pero entre el 15 % y el 20 % o más en industrias como la producción de cultivos, el procesamiento de alimentos y la construcción, según Goldman Sachs.
En el condado de Los Ángeles, aproximadamente una décima parte de los 950.000 residentes son inmigrantes no autorizados, según el Instituto de Política Migratoria. Aproximadamente un tercio ha vivido en Estados Unidos durante 20 años o más. Más de dos tercios tienen empleo.
En una ciudad donde los nombres de las calles reflejan sus raíces españolas –y que tiene vínculos aún más profundos con México y Centroamérica– la indignación por las redadas no es sorprendente.
“La fuerte respuesta que estamos viendo proviene de (…) una historia muy profunda de organización de inmigrantes en la ciudad (…) Muestra cuán íntimamente entrelazados están los inmigrantes con Los Ángeles”, dijo Talia Inlender, subdirectora del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA.
El 6 de junio, las redadas realizadas frente a un Home Depot y un almacén de ropa en Los Ángeles desencadenaron días de protestas y, en algunas noches, enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden público. El 7 de junio, el presidente Donald Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional en la ciudad para “proteger temporalmente al personal de ICE y a otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos que desempeñan funciones federales” y para proteger la propiedad federal, según un memorando, ignorando la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó la medida como “un descarado abuso de poder”.
La política migratoria del Gobierno de Trump “afecta a muchos hijos de inmigrantes que crecen con estatus legal en Estados Unidos, o a personas con familiares indocumentados o residentes permanentes legales. Los ciudadanos naturalizados están preocupados y asustados”, dijo Jody Agius Vallejo, profesor de sociología en la USC y director asociado del Instituto de Investigación de Equidad de la universidad. “No hay una sola persona que no esté en contacto con la inmigración en California, y es por eso que estas personas están (protestando) en las calles”.
En Los Ángeles, algunas niñeras viven con el temor de ser discriminadas por agentes del ICE. Al final del año escolar, muchos niños se quedaron en casa. Otros lloraron abiertamente en clase, preocupados por el futuro de sus familias. Algunos familiares no asistieron a las ceremonias de graduación.
“¿Cómo explicar la realidad de esto sin asustar de verdad al niño más de lo que ya está?, porque no se puede endulzar… esto es real”, dijo Adrián Tamayo, maestro de educación especial en la Escuela Primaria Lorena Street, en el barrio predominantemente hispano de Boyle Heights.
Tamayo dijo que le ha pedido a su esposa que conduzca cuando viajan juntos. “Tu piel es más clara que la mía”, le dice. “Es un poco triste que hayamos llegado a eso”.
Martha Meléndrez, trabajadora social psiquiátrica de una escuela preparatoria del condado de Los Ángeles, dijo que la ansiedad de muchos estudiantes ha ido en aumento desde las elecciones de noviembre. Hace tres meses, relató, agentes de inmigración llegaron a la casa de uno de sus estudiantes y le apuntaron con un arma.
“Es simplemente indignante. Es desgarrador. Es triste”, dijo Meléndrez, y añadió que ella misma era indocumentada.
Afuera del almacén de ropa del condado de Los Ángeles donde decenas de inmigrantes fueron detenidos el 6 de junio, Leslie Quechol, de 23 años, dijo que los familiares de los trabajadores se reunieron, muchos llorando, mientras sus seres queridos eran subidos a camionetas.
Uno de los detenidos era su primo, Ismael Quechol, de 40 años, quien, según ella, tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos y emigró de México hace más de 15 años. Muchos de los arrestados eran descendientes de los zapotecas, un pueblo indígena de México.
“Toda nuestra comunidad está desconsolada, enojada y asustada. Vemos cómo nos arrebatan a nuestros seres queridos”, dijo. “Básicamente, nuestras comunidades están siendo atacadas”.
Chirinos Medina, su esposo y su hijo de 4 años llegaron a Estados Unidos en 2021. La familia, de nacionalidad hondureña, llegó a la frontera entre Estados Unidos y México y se mudó a California. Salieron de Honduras después de que su esposo, conductor de autobús en su país, recibiera amenazas de muerte de pandilleros de la MS-13, según consta en su solicitud de asilo. Su hijo pequeño es ciudadano estadounidense.
La familia se comunicó regularmente con el ICE, dijo. “Hemos hecho todo lo que nos pidieron”.
El miércoles 4 de junio, la familia acudió a un edificio federal en el centro, procediendo como lo harían para cualquier otro registro de rutina. Pero la espera se alargó, contó Chirinos Medina.
Chirinos Medina y su esposo estaban en una habitación con casi 20 adultos y muchos niños. Observaron que las puertas estaban cerradas y que parecía haber agentes de guardia, dijo.
“Nos sentíamos como prisioneros (…) Estábamos todos sentados y oímos los gritos de alguien que decía: ‘¡Ayuda!’. Mi hijo se asustó. Le pregunté si tenía miedo. Estaba temblando y dijo que sí”, le dijo a CNN en Español. “Teníamos miedo de que nos separaran”.
Finalmente, Chirinos Medina fue apartada por un oficial que le dijo que ella podría irse a casa con sus hijos, pero su esposo permanecería detenido.
“Tuve que informarle a mi marido que iba a permanecer detenido mientras yo volvía a casa”, dijo.
“Mantente fuerte”, le dijo.
“Cerraron la puerta y no lo volví a ver”, recordó Chirinos Medina.
Casi 12 horas después, abandonó el edificio con sus hijos.
Su esposo, de quien dice no tener antecedentes penales, está ahora detenido en una instalación del ICE en California.
“Nunca pensamos que esto sucedería”, dijo Chirinos Medina, y agregó que esperaba que Trump atacara a los criminales, no a personas como ella y su esposo. “Muchas familias están sufriendo”.
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